El PSOE impulsa una reforma legal contra las "acciones judiciales abusivas" y las querellas con recortes de prensa

El PSOE registrará este viernes en el Congreso de los Diputados una proposición orgánica para acabar con las "acciones judiciales abusivas". La proposición se registra en medio del 'calvario judicial' que rodea al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras una serie de declaraciones ante los tribunales de personas relacionadas con su entorno.

Por ello, la proposición del PSOE, a la que ha tenido acceso laSexta, contempla la "obligación de inadmitir querellas basadas en recortes de prensa" como parte de la reforma de la acusación particular que plantea el texto. Los otros apartados que han presentado recogen la "supresión del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos" y la "abstención y recusación de jueces por declaraciones de contenido político".

El portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, ha presentado en la Cámara Baja este viernes la Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas. Posteriormente, el portavoz ha señalado a los medios de comunicación que su partido busca "impedir los mecanismos de acoso" por parte de grupos "ultras" que usan la acusación popular para fines propios y suprimir el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos, que es utilizado "permanentemente por organizaciones ultras y fundamentalistas para perseguir a artistas y periodistas".

En declaraciones a los medios, ha añadido que esta iniciativa parlamentaria también recoge que se inadmitan las querellas que se basen en recortes de prensa -asumiendo así "la doctrina del Tribunal Supremo"- y una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que contemple una nueva causa de recusación para que los magistrados que hayan realizado manifestaciones a favor o en contra de determinados partidos, sindicatos u organizaciones concretas no puedan participar en procesos en los que los mismos formen parte.

López ha destacado que en la actualidad se llevan a cabo acciones judiciales "de forma abusiva con el único fin de atacar a quienes no comulgan" con unos planteamientos determinados, y por este motivo el Grupo Socialista incluye en esta iniciativa cuatro frentes. "No sólo en España sino también en muchos otros países estamos asistiendo a la persecución y difamación sistemática de artistas, de creadores, de científicos, de periodistas y adversarios políticos por parte de sectores extremistas, sectores de ultraderecha que pervirtiendo las herramientas del Estado de Derecho utilizan las acciones judiciales como vehículo de sus objetivos", ha lamentado.

Reforma de la acusación particular

La proposición de ley, señala el partido, actúa sobre cuatro "mecanismos de acoso claros". El primero que indica es una reforma de la acusación popular que sirva para "proteger derechos fundamentales como el derecho al honor, a la intimidad, a la participación política y a la tutela judicial". El planteamiento que hacen en este apartado incide en que la "participación de la acusación popular queda adscrita a la fase de juicio oral y a la formulación inicial de la querella".

Y añaden que "la instrucción es una fase que debe estar protagonizada e impulsada por el Ministerio Fiscal y por los perjudicados directos por el delito". "Se acaba así con la filtración constante de las diligencias por parte de acusaciones con objetivos políticos y con los intentos abusivos de pedir diligencias desconectadas del objeto de la investigación con el único fin de dar un perfil mediático a un proceso judicial", han detallado. No obstante, han matizado que "la acusación popular sí podrá recurrir el auto de sobreseimiento si no está conforme con la decisión".

Dentro de la reforma de la acusación particular, el texto exigirá que "para personarse como acusación popular, exista un vínculo concreto, relevante y suficiente con el interés público tutelado en el proceso penal correspondiente". "El juez deberá comprobar si este vínculo existe y denegará la personación si no es así", recoge el texto, que también añade que "se prohíbe ejercer la acusación popular a partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos".

En segundo lugar, la proposición de los socialistas es "obligar a inadmitir querellas basadas en recortes de prensa". El texto "incluye expresamente la doctrina del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de abrir un proceso penal con meros recortes de prensa sin el menor indicio de irregularidades".

Elimina el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos

El tercer apartado del texto busca la "supresión del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos". "Se suprime el artículo 525 del Código Penal, el conocido como el de las ofensas a los sentimientos religiosos, un delito donde no se detectan apenas condenas, pero que es empleado por organizaciones ultras y fundamentalistas para perseguir a artistas, activistas y representantes electos haciéndoles pasar por procesos penales muy costosos a nivel económico y personal", añaden.

Jueces y las declaraciones políticas

Por último, la reforma supondría la "abstención y recusación de jueces por declaraciones de contenido político". El argumento es que "todos estos mecanismos de acoso tienen un denominador común: la judicialización de la política". "Y la judicialización de la política corre el riesgo de desembocar en una politización de la Justicia", advierten los socialistas.

"Para seguir asegurando la neutralidad y el derecho a un juez imparcial y a la tutela judicial efectiva se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para incluir una nueva causa de abstención o recusación: cuando un juez o magistrado haya realizado públicamente manifestaciones a favor o en contra de partidos políticos, sindicatos, asociaciones u otras entidades públicas o privadas, no podrá participar en un proceso en el que estas personas u organizaciones formen parte", detalla el texto.

Momento judicial

Esta iniciativa del PSOE se produce en un momento en que están abiertos en los tribunales diversos sumarios judiciales cuyo desarrollo está teniendo incidencia en el debate político, como el 'caso Koldo' o las investigaciones a la esposa y el hermano del presidente del Gobierno.

Al mismo tiempo, este panorama judicial ha llevado a algunas instancias a solicitar la reforma de la figura de la acción popular en las causas penales, que está permitiendo a diversas asociaciones y entidades intervenir de manera activa en distintos procedimientos que están abiertos.

La respuesta del PP

El PP considera que la ley que va a impulsar el PSOE confirma su "desesperación" ante los "casos de corrupción que le acorralan". A su entender, evidencia su "voluntad de perseguir" a quienes denuncian, investigan o informan de la corrupción que puede haber en las filas socialistas.

"Esta medida es un paso más en su estrategia de laminar al Poder Judicial, consumando su intención de quitar la instrucción a los jueces para dejarla en manos de la Fiscalía, y sembrando el descrédito sobre todo el Poder Judicial a ojos de la ciudadanía", ha señalado el PP en un comunicado.