El Gobierno salva 'in extremis' su reforma fiscal a cambio de negociar un nuevo impuesto a las energéticas

La coalición vuelve a salvar los muebles en el último momento; y en esta ocasión, ha sido su parte socialista. El PSOE ha alcanzado un acuerdo con Podemos para sacar adelante la reforma fiscal de María Jesús Montero votada en el Congreso de los Diputados a cambio de impulsar un impuesto a las energéticas o -si no hubiera consenso para aprobarlo- prorrogar el gravamen actual. Una promesa que a pesar de todo se queda en el aire, dado que no hay garantías de que Junts apoye ese tributo.

De esta forma, el Ejecutivo ha logrado salvar la votación del dictamen que logró aprobar 'in extremis' esta misma semana tras una maratoniana y caótica jornada en la Comisión de Hacienda. En declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara Baja, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha celebrado que "afortunadamente para el país tenemos acuerdo para la reforma fiscal" y ha querido felicitar "a todos los grupos políticos por su capacidad de diálogo, de acuerdo, de negociación".

"Han sido muchas horas de trabajo", ha destacado, que "finalmente tienen su fruto". Según ha trasladado la formación morada, el acuerdo alcanzado con los socialistas recoge el compromiso de impulsar una nueva proposición de ley con un impuesto a las energéticas. Para ello, añaden, en los próximos días se constituirá una comisión negociadora con todos los partidos necesarios para conseguir el consenso. De no lograrse antes de final de año -cuando decae el impuesto actualmente en vigor-, el Gobierno aprobaría un decreto para prorrogar ese gravamen en 2025.

En este sentido, la vicepresidenta Montero ha confirmado que se creará una comisión negociadora con el PNV, Junts, ERC, Bildu, el BNG, Sumar y Coalición Canaria con el 31 de diciembre como fecha en el horizonte para aprobar esa norma. Al ser preguntada sobre si Junts y el PNV estarán dispuestos a apoyar este gravamen, la titular de Hacienda ha asegurado que confía "en el diálogo" y en la capacidad de acuerdo y negociación.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por su parte, ha mostrado también su satisfacción por un acuerdo que permitiría, en todo caso, salvar el dictamen este jueves y se ha mostrado confiado en que también habrá mayoría para aprobar el impuesto a las energéticas.

Promesas contrapuestas

Sin embargo, lo cierto es que no hay garantía de que Junts vaya a apoyar ese impuesto a las energéticas, en un momento en que el Ejecutivo está haciendo verdaderos equilibrios para tratar de contentar a socios cuyas posturas chocan frontalmente. Cabe recordar que la noche del lunes, Esquerra Republicana, EH Bildu y el BNG anunciaron que habían acordado con el Gobierno prorrogar dicho tributo durante un año, un pacto que aparentemente chocaba con lo que el Ejecutivo había prometido a Junts.

Posteriormente, sin embargo, Hacienda emitía un escueto comunicado aclarando que mantenía su acuerdo con la formación independentista para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso de inversión para la descarbonización. Un comunicado al que Podemos se ha remitido este jueves al explicar que la estrategia ahora pactada con el PSOE tendrá que ser compatible con no gravar las inversiones que se comprometan con la descarbonización.

Reacciones de los socios

Tras conocer el acuerdo PSOE-Podemos, fuentes de EH Bildu han asegurado que la formación abertzale seguirá negociando y trabajando para lograr que las empresas energéticas "sigan pagando lo que les corresponde". Las mismas fuentes aluden al acuerdo alcanzado el lunes para mostrar su satisfacción por que "finalmente todas las fuerzas de izquierdas se hayan sumado".

Desde el PNV, sin embargo, sostienen que nadie ha hablado con ellos sobre lo acordado entre PSOE y Podemos y apuntan que fijarán posición cuando se cree la comisión negociadora, en base a la propuesta impositiva que se haga y a la posterior negociación.

La patronal anuncia acciones legales en contra

Las patronales bancarias AEB y CECA han mostrado su "absoluto rechazo" al nuevo impuesto al sector contenido en el paquete fiscal aprobado por el Congreso, por "su impacto económico y la inseguridad jurídica que genera", y han asegurado que la tasa restará 50.000 millones de nueva financiación a familias y empresas.

En un comunicado, las asociaciones han reiterado su determinación de emprender acciones legales y avisan de que este impuesto "no tiene parangón" en la Unión Europea, de modo que perjudica la competitividad de las entidades españolas y del conjunto de la economía.

Además, han añadido, supone la "fragmentación" del mercado interior por su diferente aplicación entre comunidades autónomas, y el señalamiento de un sector cuyo objetivo es "trabajar por el crecimiento económico y el progreso social". Desde su punto de vista, la medida carece de justificación técnica porque la política monetaria "ha entrado en un nuevo ciclo de bajada de los tipos de interés".

AEB y CECA han incidido en la inseguridad jurídica y los graves efectos económicos de un impuesto "gestado en un proceso caótico y poco transparente". Todo "a espaldas de los ciudadanos y sin diálogo con el sector ni valoración de los órganos consultivos, que deberían incluirse en toda tramitación legislativa y particularmente en un ámbito tan sensible como la fiscalidad", han subrayado.

Las asociaciones han rechazado "frontalmente" la decisión de incorporar un nuevo impuesto al sector bancario por sus "graves efectos para la financiación de familias y empresas, la inversión y el conjunto de la economía, bajo un contexto de riesgos geopolíticos y con fuertes necesidades de financiación en España y en Europa".