El PSOE y el PP se dan este miércoles en Bruselas una nueva oportunidad, en este caso con la mediación de la Comisión Europea, para intentar iniciar un camino que pueda desembocar en el plazo de dos meses en un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ambas formaciones llegan sin cambiar un ápice de sus posiciones respecto a esta renovación que media comisario de Justicia, Didier Reynders, pero el Gobierno espera que sea "la negociación definitiva".
Tras más de cinco años con esa renovación bloqueada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP Alberto Núñez Feijóo, pactaron proponer a la Comisión que supervisara la negociación, y la semana pasada hubo una respuesta afirmativa por parte del comisario de Justicia, Didier Reynders. Reynders ha citado este miércoles en la capital belga al ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, y al vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, para intentar encarrilar un diálogo que permita renovar el órgano de gobierno de los jueces.
Bolaños y Pons coincidieron la noche del martes en el mismo avión que les llevó de Madrid a Bruselas, y a primera hora de esta tarde se sentarán junto al comisario de Justicia. El ministro ha asegurado este miércoles que "es un encuentro importante en el que nos jugamos algo tan esencial como el funcionamiento normal de la justicia". "Creo y espero que sea la negociación definitiva", ha señalado en una entrevista en Cadena Ser, añadiendo que la "situación de la justicia está al límite". Asimismo, ha sostenido que renovar es "imprescindible" y después ya discutirán sobre la mejora del modelo.
No obstante, a la reunión llegan sin que hayan variado un ápice las posiciones que vienen defendiendo PSOE y PP. Así, los populares piden que se haga de forma simultánea la renovación y una reforma de la ley de elección del CGPJ, mientras que el Gobierno se aviene a hablar de ambas cosas pero dejando claro que primero tiene que efectuarse la elección de los nuevos vocales y más adelante esa hipotética modificación legislativa para la que recuerda que el PP debería conseguir los apoyos suficientes.
Las posiciones de los partidos
Eso es lo que volvió a recordar este martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros insistió en que el primer y fundamental paso es renovar el órgano de gobierno de los jueces para estudiar después cambios en el sistema de elección. "El PP querría imponer un nuevo sistema de elección, pero para ello tendría que tener los votos en el Congreso; no los tiene", ha recordado antes antes de asegurar que esa es la posición que ha mantenido también el comisario Reynders.
Fuentes del Gobierno insisten en que lo que debe hacer el PP es dejarse de excusas y cumplir con el mandato constitucional, pero aseguran que Bolaños acudirá a la reunión con plena disposición al acuerdo y sin condiciones previas. Por su parte, Feijóo ha insistido en la necesidad de trabajar para renovar el CGPJ y reformar a la vez la ley que determina su elección porque, a su juicio, es lo que puede garantizar la independencia de los jueces.
Ante esos argumentos, Reynders ha recalcado esta semana que para avanzar debe haber un paso "a nivel interno en España" porque son las formaciones políticas las que deben buscar la mayoría suficiente que permita renovar el CGPJ y llevar a cabo la reforma. "Lo que va a cambiar ahora es que hemos propuesto un diálogo estructurado que voy a llevar a cabo en nombre de la Comisión Europea y es la ocasión de ver si ese diálogo con las autoridades y las formaciones políticas en España permite llevar a una mejora de la situación", ha explicado.
La intención de la Comisión es facilitar una hoja de ruta para llegar a un acuerdo en ese plazo de dos meses planteado inicialmente, aunque Reynders ha expresado su esperanza de que se logre incluso antes. El PP había avanzado que aprovecharía la reunión para exponer al comisario lo que supone la ley de amnistía que se debate en el Parlamento, cuya proposición fue rechazada este martes por el pleno del Congreso por la negativa de Junts a apoyarla. Un rechazo que provocará un retraso en su tramitación abriendo la posibilidad de negociar algunas modificaciones.