El PSOE ha presentado este viernes una enmienda a la reforma de la Ley Orgánica del Código Penal que permita desbloquear la situación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. De este modo, no necesitará esperar a la renovación del CGPJ. El Constitucional nombraría a losdos magistrados que han sido propuestos por el Gobierno: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y de la exdirectora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de Presidencia Laura Díez.

En concreto, con esta enmienda se cambian las mayorías del Poder Judicial necesita para realizar los nombramientos de los miembros del Constitucional. Hasta ahora, la mayoría que se necesitaba para ello era de tres quintos, pero con esta reforma será únicamente necesaria una mayoría simple. En esa enmienda se incluye además que si el presidente o cualquier vocal del Consejo General del Poder Judicial se resisten o se mantienen en el bloqueo hasta tres días después de aprobar esta reforma se les podrá imputar un delito de desobediencia o de prevaricación omisiva.

"Tenemos un Partido Popular fuera de toda realidad democrática", ha denunciado en rueda de prensa Patxi López, portavoz de los socialistas en el Congreso, que ha añadido: "Ante un PP antisistema, que no tiene ninguna cultura democrática ni ningún sentido de Estado, nosotros, con nuestras enmiendas, queremos garantizar por ley el cumplimiento del mandato constitucional, devolviendo así la normalidad a estas altas instituciones".

Un Partido Popular que ya ha anunciado que recurrirá al Constitucional esta reforma. "Estamos hablando del control del Tribunal Constitucional por parte del Gobierno. No nos vamos a quedar callados ante esta deriva autoritaria", ha denunciado la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra.

Con la enmienda, la votación en el Consejo General del Poder Judicial pasará a ser única y no será secreta, ni contará con quorum mínimo. Los nombramientos tendrán que estar listos en unos 11 días desde que se publique la reforma en el BOE y si algún vocal siguiera bloqueándolo, podría enfrentarse a varios delitos penales.

Polémica elección de Campos y Díez

Esta decisión de los socialistas llega precisamente después de la polémica que la elección de estos dos magistrados ha suscitado tanto en la oposición como dentro del seno del Gobierno. Estos dos perfiles marcadamente políticos no gustaron en Unidas Podemos, que no tardó en desmarcarse de la elección y criticar al PSOE por apostar por esta "puerta giratoria". Dejando a un lado los magistrados elegidos, el Ejecutivo había manifestado en numerosas ocasiones suintención de nombrar a sus dos candidatos sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designara a los otros dos que completan el tercio de cuatro magistrados pendiente de renovación.

Ante el bloqueo político que impide la renovación, en esta ocasión se da una situación poco habitual, ya que el Constitucional, y su mayoría conservadora, puede bloquear estos nombramientos. El CGPJ lleva cuatro años en funciones con un presidente suplente, y el órgano de gobierno de los jueces está siendo apremiado por el Gobierno, una vez que éste ha elegido sus dos magistrados para el Constitucional, con el fin de que nombre a sus dos jueces y se renueve así el tercio que corresponde del TC.

Concretamente, el Constitucional lo integran 12 jueces, de los cuales cuatro los nombra el Congreso, otros cuatro el Senado, dos el Gobierno y dos el Poder Judicial. Ahora, la tramitación de la reforma del delito de sedición -que el Partido Popularutilizó como argumento para romper las negociacionescon el Gobierno sobre la renovación del CGPJ- podría ser la vía que use el Gobierno para propiciar la renovación del Tribunal Constitucional con una suerte de "clausula de desbloqueo".

También se abren a una reforma del delito de malversación

El plazo de presentación de enmiendas a la reforma del Código Penal que busca modificar el delito de sedición se acaba este viernes. Además de esta, para permitir el nombramiento de los dos magistrados anunciados por el Ejecutivo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no descartó tampoco otra enmienda para reformar el delito de malversación, pero sin que afecte a condenados por corrupción.

En este contexto, este miércoles, ERC avanzó que presentará enmiendas al texto para modificar el delito de malversación de forma "quirúrgica" y con el objetivo de "avanzar en la desjudicialización" y "limitar las arbitrariedades" del Estado.