Uno de los abogados de los demandantes, Christophe Marchand, dijo que la petición de la Justicia belga a Llarena será la de comparecer el próximo 4 de septiembre, una solicitud que dijo desconocer cuando será recibida por el magistrado del TS.
Las dos acciones judiciales en Bélgica y España serían una consecuencia de que el juez Llarena no estaría respetando "su derecho a la presunción de inocencia" porque "no es imparcial", dijo el exconsejero Toni Comín en rueda de prensa, acompañado del resto de los que están en Bélgica y sus equipos legales.
La exconsejera Clara Ponsatí desde Escocia y el expresidente catalán Carles Puigdemont desde Alemania participaron ambos por videoconferencia. Puigdemont y los cuatro exconsejeros son los sujetos de la demanda en Bélgica, pues según su equipo legal, las declaraciones de Llarena en la que basan su acción civil se refieren al 22 de febrero de 2018, cuando todos se encontraban en el país.
"Entre otras declaraciones, el juez negó que existieran los presos políticos", señaló el abogado Paul Bekaert, sobre las declaraciones de Llarena. "No somos perseguidos por la Justicia, sino por la ideología del juez", añadió el expresidente de la Generalitat.
"(Llarena) Emitió una opinión antes del juicio y fuera de los tribunales y por tanto prejuzgó", ha explicado el letrado Paul Bekaert. El abogado Christophe Marchand añadió que la demanda civil pide una compensación "simbólica de un euro".
Los exconsejeros y sus letrados explicaron que la petición de recusación ante el Tribunal Supremo "es consecuencia" de la demanda civil en Bélgica interpuesta contra Llarena, pues según la Ley Orgánica del Poder Judicial, recordaron, un juez no puede seguir en una causa si ha sido demandado por una de las partes.
Los partidos independentistas rechazan el nombramiento de Borrell como ministro de Exteriores: "Qué vergüenza"
|Por otro lado, Puigdemont evitó contestar a la pregunta de si el cambio de Gobierno en España podría afectar a su situación jurídica -se encuentra pendiente de extradición en Alemania-, mientras que Comín se limitó a reclamar al PSOE "que convierta a España de una vez en un Estado de Derecho".