La defensa del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont cree que el Tribunal de Cuentas solo está "perdiendo el tiempo" cuando abre la puerta a elevar a la justicia europea una consulta sobre la ley de amnistía, y ha solicitado que aplique la norma "sin más dilaciones" y archive el procedimiento.

El abogado Gonzalo Boye ya ha presentado su escrito ante el órgano contable, que pidió la semana pasada a las partes que les remitiesen sus respectivos informes sobre la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial sobre la ley de amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al considerar que algunos de sus artículos pueden chocar contra el derecho comunitario.

Un movimiento que, según el escrito al que ha tenido laSexta, el letrado cree que el Tribunal de Cuentas no tiene competencias para hacer, al no ser un "órgano jurisdiccional", al tiempo que cuestiona que, si llega a plantear la consulta, esta supere el filtro de admisibilidad o termine "convirtiéndose en un ridículo de proporciones considerables".

Respuesta a la petición del Tribunal

La entrada en vigor de la amnistía provocaba que diversos tribunales preguntaran a las partes sobre cómo afecta la norma a los distintos procedimientos, si bien el Tribunal de Cuentas iba más allá, pidiendo informes sobre si procede consultar al TJUE una serie de artículos de la ley.

La consejera a cargo de este procedimiento contable, que suspendía el plazo para dictar sentencia, cuestionaba si cinco preceptos de la ley "podrían oponerse a la interpretación" que viene realizando el TJUE del derecho comunitario, en relación, por ejemplo, a la "lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE", entre otros. El "principio de cooperación leal", los "principios de igualdad y de no discriminación", los de "seguridad jurídica y confianza legítima" y "el principio del Estado de Derecho" son también algunos preceptos que la consejera abre la puerta a consultar al TJUE en relación con la ley de amnistía.

En su providencia, según informa el Tribunal de Cuentas, pone el foco en el artículo 1 de la ley de amnistía, que determina el ámbito objetivo de la ley y los hechos que quedarían perdonados, y también en el apartado que deja fuera del perdón "los delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea".

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