La juez Carmen Lamela ha citado el jueves y viernes como investigados al expresidente catalán Carles Puigdemont y a los otros 13 exconsejeros del Govern contra los que se querelló la Fiscalía en la Audiencia Nacional por delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos. La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión en un auto en el que se declara competente para investigar la querellade la Fiscalía General del Estado.
Lamela se ha hecho cargo de la querella por conexión con la causa que tiene abierta por sedición y que hasta ahora cuenta con cuatro investigados: el que fuera mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, la intendente del cuerpo Teresa Laplana y los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, estos dos últimos en prisión preventiva desde el 16 de octubre.
De este modo, han sido admitidas las dos querellas que presentó la Fiscalía en el Supremo y la Audiencia Nacional contra los responsables en el proceso de independencia en Cataluña desde que comenzó su andadura en 2015. El Supremo se ha declarado competente para investigar por estos hechos a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros cinco miembros de la Mesa, que también han sido citados a declarar el próximo jueves y el viernes.
En su auto, Lamela precisa que los 14 declararán como investigados y también a los efectos de celebrar vistillas de medidas cautelares de carácter personal, en las que la Fiscalía puede pedir medidas como la retirada del pasaporte, comparecencias periódicas en el juzgado o su ingreso en prisión preventiva.
La magistrada acuerda también fijarles una fianza civil de 6.207.450 euros, que deberán depositar en el plazo de tres días con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes hasta alcanzar esa cifra si no depositan la fianza. Además, ordena incorporar a la causa las copias de diferentes acuerdos adoptados por el Parlament de Cataluña en los últimos meses, así como los últimos decretos del Govern en relación con el proceso secesionista de Cataluña.
Lamela explica que, conforme al relato expuesto por el fiscal en su querella, los hechos investigados iban dirigidos a proclamar una república catalana independiente de España en una conducta que va encaminada o dirigida a romper la organización territorial del Estado. Por ello, encaja estos hechos en una manera de atentar contra la forma actual de gobierno de España, competencia de la Audiencia Nacional. La magistrada recuerda que "la admisión a trámite de una querella no constituye, todavía y en todo caso, un acto de imputación judicial", cosa que no ocurre hasta "la comprobación de la existencia de datos que avalen la realidad de los hechos imputados".
De una manera inicial, la juez concluye que los querellados "urdieron una estrategia de lo que habría de ser todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Ómnium) que llevaron a la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el parlamento el pasado 27 de octubre".
Según Lamela, en la querella del fiscal se exponen de manera "seria, racional y lógica los motivos que llevan al Ministerio Fiscal a efectuar su provisional calificación como delito de rebelión que absorbería los delitos de sedición, desobediencia y prevaricación". Por ello, sin perjuicio de la calificación jurídica que finalmente pueda otorgarse, la juez admite la querella en los términos planteados por la Fiscalía.
Procede además a incorporar la querella a la causa donde ya investiga por sedición a los presidentes de ANC y Òmnium, teniendo en cuenta que los hechos "se encuadran dentro de todo el proceso secesionista que se describe en el escrito de querella y que las personas investigadas en los mismos formaban parte de las estructuras básicas integradas en esa estrategia diseñada y ejecutada por los ahora querellados".