Edmundo Rodríguez Sobrino, presunto cabecilla de la 'operación Lezo', tenía ocultos 200.000 euros en Colombia. Es, además, el último de los que, según se conoce, también se acogió a la amnistía fiscal, con 400.000 euros. Sin embargo, ¿por qué, pese a que esa norma es inconstitucional, no se les puede exigir responsabilidades a los presuntos evasores?
"La seguridad jurídica garantiza que al actuar conforme a la ley no haya consecuencias, aunque luego se declare que esa norma es inconstitucional", ha explicado José Antonio Montilla, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. La seguridad jurídica también beneficia a otros como Rodrigo Rato, que regularizó 100.000 euros; el también expolítico del PP Francisco Granados, con tres millones; o el extesorero Luis Bárcenas, con diez millones de euros regularizados.
"Esa amnistía fiscal era grosera. Muchos de los que se acogieron a ella están ahora en los tribunales", ha criticado el exmagistrado Baltasar Garzón en Al Rojo Vivo. Es el caso de parte del clan Pujol. Los hermanos Oleguer y Josep regularizaron entre los dos cinco millones de euros. Josep incluso habló del tema en una entrevista, en la que negaba ser evasor. "Yo tenía un dinero que no declaraba y cuando pude declararlos me acogí a la amnistía fiscal y pagué, punto", admitía en declaraciones a Catalunya Ràdio.
Aunque resulte difícil de entender, los juristas insisten en que ese principio de seguridad jurídica del que habla el Tribunal Constitucional en su sentencia es fundamental. "Donde no hay estado de derecho no hay seguridad jurídica", ha destacado Roberto Blanco, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela. En total, 30.000 personas se acogieron a la amnistía de Cristóbal Montoro.