La Audiencia Nacional ha ordenado que se paralicen cautelarmente las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros durante, por los menos, tres días. No es la primera vez que ocurre, pero en las anteriores ocasiones el motivo fue por si esas obras tenían o no licencia. Esta vez, la paralización se produce por una denuncia de la asociación de Abogados Cristianos. El juez ha tenido en cuenta la solicitud de la nieta de una mujer que está enterrada allí y que argumenta su iniciativa basándose en un derecho fundamental: la libertad religiosa. El experto en Tribunales de laSexta, Pedro Gómez, responde a algunas preguntas para entender esta decisión judicial.

¿En qué se basa el juez para ordenar esa paralización urgente?

El periodista ha señalado que la AN ha tomado "estas medidas urgentes y cautelarísimas porque las obras se están realizando ahora y la denuncia dice que se deben paralizar durante 72 horas". "Hace escasos meses ya hubo una denuncia similar y se archivó directamente porque no se estaban produciendo las obras", ha añadido Gómez. "Esta mujer lo que alega es que su abuela está enterrada allí y que el derecho fundamental a libertad religiosa incluye también una sepultura digna y que, solamente, con el hecho de extraer ADN podría ser una profanación del cadáver, más aún cuando no tienen el permiso de los familiares", ha explicado.

¿Qué hará Patrimonio?

Ahora Patrimonio tiene tres días para presentar alegaciones. Esta no es la primera vez que se paralizan los trabajos de exhumación. Gómez ha detallado que desde que se iniciaron las obras de exhumación, se ha intentado en muchas ocasiones "paralizarlas por parte de asociaciones contrarias", que han hecho "multitud de recursos". "En 2021, solicitaron la anulación de la licencia de obras y lo consiguieron. Pero la revocó el Tribunal Supremo", ha explicado el periodista. También recuerda que este mismo verano se anuló otra vez la licencia. "En las anteriores ocasiones, la Fiscalía recurrió y ganó, y en esta ocasión, fuentes de Presidencia aseguran que las van a pedir en los próximos días", ha añadido.

Fundación Francisco Franco y Abogados Cristianos, la piedra en el camino

En Cuelgamuros están enterrados los restos de casi 34.000 víctimas del franquismo, es la mayor fosa común del país. Parecía que con la Ley de Memoria Democrática los trabajos iban a poder desarrollarse sin problemas. Pero hay asociaciones como la Francisco Franco o Abogados Cristianos que no dejan de poner palos en las ruedas de una tarea que ya de por sí es muy compleja.

El pasado mes de junio comenzaron los trabajos para exhumar a 128 víctimas de la Guerra Civil reclamadas por sus familiares, la mayoría represaliados del franquismo. Sin embargo, el proceso, que comenzó en 2016 para la extracción de los restos de los hermanos Lapeña, ha sido desde el principio muy costoso.

Lleva años atascado en los tribunales por varios recursos presentados por asociaciones y particulares. El último, el de la nieta de una mujer que permanece enterrada allí. Alega que los trabajos vulneran el derecho fundamental a la libertad religiosa porque, dice, se remueven los cadáveres sin autorización de los familiares. El abogado de la familia Lapeña cree que esta paralización tendrá un recorrido muy limitado.

El magistrado ha dado tres días a Patrimonio para que haga alegaciones y después se dictará el auto. "La persona que ha presentado el recurso y la zona donde nosotros pretendemos exhumar es en otra cripta. Hay más de 100 metros de distancia". El Ministerio de Memoria Democrática ya ha avanzado que lo hará, que alegará porque considera que no hay motivo para suspender las exhumaciones.