Desde la costitución de las Cortes, el pasado 13 de enero, hasta la celebración del primer pleno, el 15 de marzo, han pasado ya dos meses. Desde entonces, la actividad parlamentaria se ha desarrollado con normalidad salvo por un detalle: el control al Gobierno.
En las Cortes se han debatido cinco proposiciones de ley y otras diez no de ley. De esas 15 medidas, se han rechazado tres y 12 se han aprobado, algunas de ellas con gran mayoría.
Pero podrían quedar en nada si se convocan nuevas elecciones, porque el Congreso se disolvería. Tal situación supone volver a conformarlo, presentar estas mismas iniciativas y, por tanto, volver a votarlas para legislar sobre ellas.
Así, por ejemplo, de nada habría servido aprobar la propuesta del PSOE para congelar la LOMCE, la ley educativa aprobada sólo con los votos del PP en noviembre de 2013. Ciudadanos incluyó paralizar la LOMCE en su acuerdon con el PSOE, pero se abstuvo en la votación.
Tampoco llegaría lejos la Ley 25 de Emergencia Social presentada por Podemos para ayudar a las familias con menos recursos. El PSOE votó a favor, Ciudadanos se abstuvo y el Partido Popular votó en contra.
Una de las últimas iniciativas aprobadas en el Congreso ha sido promovida por ERC: votar a partir de los 16 años siguiendo la recomendación del Consejo de Europa. Dicha medida se aprobó por mayoría, pero con los votos en contra del PP y de Ciudadanos.
Se paralizaría también la comisión aprobada en el Congreso para la investigación del accidente del ALVIA. Hasta ahora, PP y PSOE siempre se habían opuesto, pero los socialistas han votado ahora a favor. En caso de nuevas elecciones, tanto ésta como el reso de iniciativas aprobadas tendrían un recorrido muy corto.