La quita de la deuda autonómica, en cifras: así queda una condonación de 83.253 millones que provoca el choque Gobierno-PP

ERC y el Gobierno llegaban a un acuerdo este lunes para la condonación de la deuda a la que se había comprometido el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Un acuerdo concreto para Cataluña, pero que será extensible al resto de comunidades autónomas tras establecer Hacienda un mecanismo que cuantifique la quita para cada región. En todo el país, la medida supondrá un alivio de unos 83.000 millones, que se distribuyen de forma equitativa según los cálculos del Ministerio de María Jesús Montero, pero que difiere en el alivio que pueda suponer a las regiones. Así es cómo llega la quita a cada comunidad autónoma.

En términos absolutos verán una mayor cantidad perdonada en Andalucía con hasta 18.791 millones, seguida de Cataluña a la que el Estado le perdonará 17.104 millones. Unas regiones muy presentes en las conversaciones previas a alcanzar esta medida, pues han tenido lugar entre el departamento de Montero, ya la líder de los socialistas andaluces, y los republicanos catalanes. Tras ellas, están la Comunitat Valenciana de Carlos Mazón que verá reducir en 11.210 millones su deuda, mientras que en la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso se perdonarán 8.644 millones.

Excepto en Cataluña, los gobiernos regionales de estas autonomías están en manos de barones del Partido Popular (PP), cuyo presidente, Alberto Núñez Feijóo, ya adelantaba este lunes que se negarían a la condonación, algo que la misma ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo "no se entendería". A su vez, Feijóo ha reiterado este martes argumentando que esta condonación es "una trampa injusta", puesto que "la deuda no se condona" sino que "se trasvasa de un lugar a otro lugar". Desde Andalucía, hablan en la misma línea, "un timo".

La quita de la deuda autonómica, en cifras: así queda una condonación de 83.253 millones que provoca el choque Gobierno-PPMinisterio de Hacienda

Si bien tras Madrid en el ranking de mayor quita aparece Castilla-La Mancha -4.927 millones de euros- que está gobernada por el socialista Emiliano García-Page, tras ella va la Galicia que preside, precisamente, el sucesor de Feijóo al frente de la Xunta, Alfonso Rueda, a la que se perdonarán hasta 4.010 millones de euros. De hecho, el actual presidente gallego clama por "otro sistema de financiación" y no una quita como la planteada por Hacienda.

Ya pasada la barrera de los 3.000 millones se encuentran Castilla y León - 3.643-, la Región de Murcia -3.318 millones- y las Islas Canarias -3.259 millones-. Les siguen Aragón -2.124 millones-, Baleares -1.741 millones-, Extremadura -1.718 millones-, Asturias -1.508 millones. En el caso, de Cantabria -809 millones- y La Rioja -448 millones- cierran el ranking cuantitativo.

La condonación: de un 50% a un 20%

Una clasificación que cambia si se observa cuánto suponen estas cantidades en el total de deuda contraída de cada región. Diferencias en las que se basan desde el PP en criticar lo planteado desde Hacienda, pues "la deuda que un catalán tiene como catalán por la falta de gestión eficiente de la Generalitat ahora la va a tener como español", ha explicado Feijóo este martes. De hecho, asegura que "esto es muy caro" e "injusto" porque "se está valorando positivamente la falta de rigor en la gestión de las cosas públicas" y a las comunidades que han rebajado los impuestos.

Precisamente, es la amplia horquilla en la que se mueve esta proporción. Mientras que Canarias va a ver su deuda reducida a la mitad, la de Cataluña no llegará a rebajarse ni al 20%, a pesar de ser la segunda región a la que más dinero llegará por este nuevo mecanismo. Algo que podría resultar extraño, pero que se explica en que la autonomía está endeudadísima. Algo muy similar a lo que ocurre en la Comunitat Valenciana que siendo la tercera en mayor cantidad, es la última en proporción.

De esta manera, a Andalucía y Canarias en términos de condonación le siguen Asturias (35,5 %), Galicia (32,9 %), Extremadura (32,3 %) y Castilla-La Mancha (30,5 %). Ya en el 20% se sitúan La Rioja (27,6 %), Murcia (27,3 %), Castilla y León (26,3 %), Cantabria (24,4 %), Madrid (24,1 %), Aragón (23,1 %) y Baleares (20,3 %). Unas quitas que, según explicó la también vicepresidenta primera, también incluyen las deudas contraídas por terceros, pues el Estado también las asumirá.

Batalla política por la infrafinanciación

También llegan las críticas en cuanto a la infrafinanciación de las autonomías por parte del Estado. Algo que denuncian desde la Generalitat Valenciana, e incluso, desde su oposición y la Región de Murcia, consideradas las que menos financiación han recibido desde la Administración Central históricamente. Al menos, en Valencia este asunto ha logrado que Mazón y Compromís acerquen posturas.

Mientras que el president ha reiterado el ejercicio tramposo del Gobierno central, en línea con su partido, la portavoz de Compromís en la Cámara Baja, Águeda Micó, ha criticado en Al Rojo Vivo que esta propuesta solo tiene en cuenta los criterios relativos a la crisis financiera de 2008 y deja de lado la "infrafinanciación" que sufre su comunidad autónoma.

Los catalanes tendrán "lentejas con jamón y con chorizo", mientras que "las lentejas que les quieren dar a los aragoneses son a palo seco"

Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón

En concreto, Micó ha detallado que actualmente el territorio valenciano tiene una deuda global de 59.000 millones de euros de los cuales 47.000 millones vienen provocados por la falta de financiación., es decir, parte de su deuda viene "generada por el propio Gobierno central". De esta manera, lamenta que "esta quita" tal y como está planteada "no soluciona los problemas de infrafinanciación que tenemos": "El 78% la tenemos porque el Gobierno central no nos ha dado el dinero suficiente para poder hacer las políticas en el estado de bienestar", ha subrayado.

En la Comunidad de Madrid van más allá a la hora de negarse a esta medida porque consideran que con este modelo diseñado por Haciendo se está premiando a las regiones más endeudadas. Por ello, el grupo parlamentario 'popular' de la Asamblea de Madrid ha registrado una comisión de estudio sobre las consecuencias para los madrileños de la condonación de la deuda, pues quieren conocerlas "con detalle y con rigor", ha dicho su portavoz, Carlos Díaz-Pache.

El Gobierno se defiende... o lo intenta

En esa línea, ha criticado que lo que se va a hacer es convertir la deuda autonómica en nacional, al tiempo que ha sacado pecho de que Madrid "no tiene ninguna deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)" porque pudo financiarse en los mercados. Algo que a ojos del líder del socialismo madrileño y ministro, Óscar López, consiste en una "campaña de victimismo absurdo eterno": "A mí me encantaría que me perjudicarán quitándome la hipoteca", ha subrayado.

Así, el Gobierno defiende su modelo acordado con ERC, al tiempo que piden al PP, en palabras de su ministra portavoz, Pilar Alegría, "responsabilidad": "¿Están con condonar la deuda o con condenar a los ciudadanos", se ha preguntado la socialista durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Algo que no evita que la mayoría de líderes regionales hayan adelantado que votarán en contra este miércoles en el Consejo de Política Fiscal. Uno de ello es el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, quien ha criticado que los catalanes tendrán "lentejas con jamón y con chorizo", mientras que "las lentejas que les quieren dar a los aragoneses son a palo seco". Pero, los reproches también llegan desde algunos sectores de la izquierda, como el del portavoz del BNG en el Congreso que ha criticado que al Ejecutivo "no le importa perjudicar al conjunto de los gallegos".

Una negativa para la que el mismo líder republicano, Oriol Junqueras, tiene una razón. A sus ojos, "es muy fácil hacer declaraciones altisonantes porque saben que se aprobará igualmente". Cierto es que en ese consejo autonómico previsto para este miércoles el Gobierno central tiene la mitad de los votos y cada presidente autonómico, uno solo. Eso sí, habrá que esperar para conocer el sentido de voto de los consejeros de Hacienda.