La imagen de Mas convocando las elecciones catalanas se repetirá el próximo 3 de agosto, siendo el inicio de un mes atípico para el Gobierno, el Tribunal Constitucional y la Abogacía del Estado.
Según el periódico 'El Mundo', Rajoy moviliza a las tres instituciones para controlar hasta el último paso que pueda dar Artur Mas, incluso los magistrados del TC han retrasados sus vacaciones de agosto, porque en el caso de percibir la mínima señal de plebiscito, y según el Ministro Rafael Catalá, "se podría impugnar incluso el decreto de convocatoria si no se adecuase a la Constitución y a nuestro ordenamiento jurídico".
El Gobierno ha cerrado la puerta definitivamente a atender las reivindicaciones de Cataluña. Así lo aseguraba el Ministro García Margallo en el diario 'El País'. "Yo defendí reformar el sistema de financiación, pero no tiene sentido discutir el estatuto de la comunidad de vecinos con un señor que quiere meterle fuego al edificio", decía Margallo.
Para Unió, ni Gobierno ni independentistas ceden lo más mínimo. Para Ramón Espadaler, secretario General de Unió Democràtica, ambos "están retroalimentando estas posiciones extremas que están al fin y al cabo, destruyendo la convivencia en Cataluña".
Rajoy no quiere vacíos legales, pero la prueba de fuego se saldará el próximo 27 de septiembre y los independentistas lo saben. El presidente de ERC asegura que hay mucho en juego. "Nos lo estamos jugando casi todo o todo, es cierto, indudable", reconoce Junqueras.
Mientras, los socialistas siguen marcando distancias, Miquel Iceta ha asegurado que si el PP pierde la mayoría absoluta habrá reforma constitucional y el expresidente Zapatero, en el periódico 'La Razón' añade que "el derecho a decidir es un monumental lío que divide a la gente". Por ahora, la única vía descartada es la aplicación del artículo 155 de la Constitución que provocaría la suspensión de la autonomía.