Rajoy ha desaparecido del remolino mediático que ha agitado al PP desde que el PSOE lograra expulsarle del Gobierno a través de la moción de censura. Desde entonces, el expresidente, que poco después abandonaría la dirección de los populares, se trasladó a Santa Pola para ejercer su nuevo cargo, ajeno a la política: registrador de la propiedad. Allí, ha durado poco más de un mes, logrando una plaza en el Registro Mercantil número 5, a apenas un kilómetro de Génova 13.
Y entre los constantes cambios laborales que ha vivido Rajoy en las últimas semanas, los bulos y rumores sobre su figura política se han disparado en las redes sociales. Uno, en concreto, había cobrado mucha fuerza en Twitter: en él se aseguraba que Rajoy había renunciado a todo. "Al aforamiento, al sueldo, a un despacho, a secretaria y coche oficial", reza un tuit.
Por ello, 'Maldito Bulo' ha querido salir rápidamente al paso de estas afirmaciones para desmentirlas, señalando que Rajoy no ha renunciado a la dotación a la que tiene derecho como expresidente y que, de hecho, ya la ha pedido.
Así lo ha podido confirmar el portal web "a través de una petición de acceso de información pública" que aparece en el Portal de la Transparencia de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. Allí se ha publicado que la Dotación a la que tiene derecho Rajoy como expresidente ya se ha pedido y está "pendiente de tramitación".
Ahora bien: ¿qué derechos tiene exactamente Rajoy como expresidente y a cuánto ascienden los gastos? El Real Decreto 405/1992 permite que todos los expresidentes del Gobierno de España tengan acceso a dos empleos de libre designación a su servicio, una dotación para gastos de oficina, un coche oficial con conductor incorporado y, asimismo, la posibilidad de acceder de forma libre y gratuita a transportes terrestres, marítimos y áereos del Estado, y una escolta designada por el Ministerio del Interior.
No obstante, y según insiste 'Maldito Bulo', los expresidentes del Gobierno no tienen derecho a un sueldo vitalicio, pero sí en el caso de que, una vez haya finalizado su mandato, se integren en el Consejo de Estado. Sí tienen derecho a una indemnización en torno al 80% que estará activo hasta 24 meses después de abandonar su cargo, pero que no será compatible con otro sueldo percibido tanto en empresa pública como privada.