"A través de un decreto ley el Gobierno perfectamente puede ordenar la retirada de la tumba de Franco", ha afirmado Joaquim Bosch, portavoz territorial de Juezas y Jueces para la Democracia.
Entraría en vigor en el mismo momento de su publicación, necesitaría la firma del rey y el aval del Congreso en un plazo de 30 días. Los grupos tendrían entonces que retratarse.
La Fundación Franciso Franco reconoce que, de aprobarse, no tendría capacidad de reaccionar. En este sentido, Juan Chicharro, presidente de la Fundación Franco ha declarado: "Me parecería una quiebra del Estado de Derecho. Al establecer una norma con rango de ley, ya habría que presentar un recurso de inconstitucionalidad, que ya para eso nosotros no estamos legitimados".
La vía legal a la que se agarre el Gobierno será crucial para evitar enzarzarse en un farragoso litigio con la familia del dictador que están dispuestos a demandar al Gobierno por profanación.
Sin embargo, según los expertos, tendría poco recorrido."El papel lo aguanta todo, pero no creo que ningún juez admita a trámite una querella por profanación de cadáveres", ha apuntado José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo.
Según el acuerdo de 1979, entre el Estado y la Santa Sede, la gestión de la basílica corresponde a una orden benedictina pero las criptas tienen carácter público, es decir, son de titularidad estatal como el resto del Valle.
Si el prior del templo se atrinchera en el 'no', el Gobierno podría tener que recurrir en última instancia al papa pero confía en no tener que llegar a Roma. Quiere asegurarse de que cuando lo haga tenga todos los cabos legales atados y bien atados.