El Tribunal Supremo ha condenado a Raül Romeva, exconseller d'Exteriors de la Generalitat de Cataluña, a 12 de prisión y 12 años años de inhabilitación absoluta en el marco del juicio por el procés soberanista en Cataluña. Lleva en prisión provisional desde el 23 de marzo de 2018.
Romeva se convirtió en un referente del movimiento independentista cuando encabezó la candidatura de Junts pel Sí para las elecciones al Parlament catalán en 2015, comicios por los que acabó convirtiéndose en conseller d'Exteriors. Romeva también se convirtió en senador tras la celebración de las elecciones generales de abril de 2019, pero fue suspendido de su cargo poco después por parte de la Mesa del Senado.
Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa han sido condenados a la misma pena, mientras que la sentencia del procés absuelve a los acusados Joaquim Forn, Josep Rull, Santiago Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó del delito de malversación.
Según dicta la sentencia, la Sala da por probada la existencia de violencia, pero "no basta la constatación de indiscutibles episodios de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión".
Además, considera que "todos los acusados eran conocedores de que lo que se ofrecía a la ciudadanía catalana como el ejercicio legítimo del derecho a decidir, no era sino el señuelo para una movilización que nunca desembocaría en la creación de un Estado soberano".
"Preso político"
Su declaración en el juicio del procés celebrado en el Supremo siguió una línea de actuación similar a la de Oriol Junqueras: rechazó responder a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y a Vox al considerarse un "preso político", defendió el derecho a la autodeterminación y afirmó que la DUI fue una "declaración política" dada por un mandato popular.
En esta línea, aseguró que él no se marchó porque estaba "convencido" de que su actuación y la del resto de acusados "era lícita, legítima y legal", y matizó: "No tengo miedo a defender lo que era una responsabilidad y un deber".
La Fiscalía reclamaba para Romeva 16 años de prisión por un delito de rebelión. La Abogacía del Estado, por su parte, pedía 11 años y medio por sedición y malversación. Finalmente, la acusación popular de Vox reclamaba para él 74 años de cárcel, idéntica cifra que el resto de exmiembros del Govern catalán.