La reducción de la jornada enfrenta una complicada negociación parlamentaria tras su aprobación en el Consejo de Ministros

La reducción de la jornada laboral está cada vez más cerca, si bien el Gobierno de Pedro Sánchez enfrenta ahora una compleja negociación parlamentaria una vez que el Consejo de Ministros apruebe este martes el anteproyecto de ley que contempla la reducción de 40 a 37,5 horas semanales. Se trata de uno de los puntos pactados entre el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz y los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT).

A día de hoy, sin embargo, el texto no cuenta con apoyos suficientes para ser aprobado en el Congreso de los Diputados, por lo que se presenta ardua tarea que se materialice en la vida de los más de 12 millones de empleados a los que se estima que podría beneficiar. Y si los pasos posteriores se auguran complicados, llegar a este punto tampoco ha sido fácil.

El acuerdo entre las formaciones del Ejecutivo de coalición, PSOE y Sumar, incorporaba a propuesta de este segundo partido una rebaja del tiempo de trabajo de 40 a 38,5 horas semanales para el ejercicio 2024 y a 37,5 para el presente 2025. No obstante, la vicepresidenta segunda y ministra tuvo que sacrificar la primera pantalla en aras de ampliar la negociación con los agentes sociales, entre los que se encontraban los empresarios.

En pasado, puesto que finalmente el acuerdo con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) no fue posible tras casi un año -11 meses, en concreto- de conversaciones y reuniones que dejaron serios enfrentamientos entre Díaz y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.

Garamendi vs Díaz

Uno de estos, fue a raíz de que la patronal en todo momento consideraba que la jornada se seguiría reduciendo vía negociación colectiva y atendiendo a las circunstancias de cada sector y cada territorio, pero las intenciones de Díaz de alcanzar un acuerdo antes del verano pasado, llevó a Garamendi a asegurar que se trataba de "un monólogo social". Meses después incluso acusó a la ministra de "populista", así como de tener ideas propias de"una república bananera". Todo terminó con el rechazo de la CEOE por el modo en el que la planteó Díaz al creer que no era "buena para el país".

De hecho, a primera hora de este martes Garamendi ha insistido en su discrepancia durante un desayuno informativo organizado por Europa Press al que también ha asistido, precisamente, Díaz. En esa línea, reivindicó su derecho a estar en desacuerdo con medidas que se aprueben aunque reconoció la "legitimidad" del Ejecutivo para adoptar esas decisiones. Además, Garamendi reclamó más espacio para el diálogo social, ya que son sindicatos y patronales los que conocen las necesidades de cada ámbito y pueden resolver los "problemas".

Minutos antes, Díaz se ha mostrado exultante para pedir a la prensa que "disfruten del día", puesto que "es un día histórico en España": "Los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país van a ver reducida su jornada laboral a 37 horas y media", ha resaltado la ministra. Tras ello se ha trasladado a Moncloa para asistir al Consejo de Ministros. A pesar de los enfrentamientos, Garamendi ha despedido a la ministra.

Si bien momentos antes, el presidente de Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, también ha insistido en su rechazo al texto asegurando que "hoy no es un día importante", a pesar de que Díaz vista "su traje marfil" color que Amor asegura "se pone cuando tiene buen día". En esa línea, ha asegurado que "esto no castiga a las grandes empresas" sino que "daña a autónomos y pequeñas empresas": "Si alguien piensa q va a haber contratación para compensar la reducción no tiene ni puñeteras idea de lo q es ser empleador", ha criticado.

Tensión en Moncloa

Si bien las discrepancias no solo se dieron en el seno del diálogo social, sino que también en el propio Gobierno de coalición, ya que el Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo apelaba a poner el foco en las pymes y en no perjudicar el tejido productivo. La que fuera la líder de Sumar, en cambio, exigió que se tenían que cumplir los tiempos incluidos en el pacto de coalición y pidió que se aprobara por la vía de urgencia, así como en los términos suscritos con los sindicatos. Ahora, en cambio, es posible que el texto sufra modificaciones durante las negociaciones con otras fuerzas.

La tensión fue tal que, a comienzos de enero, Díaz espetó en una entrevista en RNE que Cuerpo se oponía a la medida y que hacer eso era "casi de ser un poco mala persona", mientras que Economía eludió entrar en el 'cuerpo a cuerpo' abiertamente, aunque dejó claro que acortar la jornada era una "prioridad" de todo el Gobierno, aunque había que hacerlo con todas las garantías.

Tras ese pico, se celebraron dos reuniones entre Cuerpo y Díaz y pactaron que el 27 de enero se estudiara el texto en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (Cdgae) que, a su vez, pactó que se aprobara este martes en los términos pactados con los sindicatos, imponiéndose así la tesis de Díaz.

Plazos y advertencias

En cualquier caso, Cuerpo recordó que todavía se debe emprender una negociación parlamentaria en la que el PNV no ha mostrado sus cartas, Vox se opone frontalmente, al tiempo que el Partido Popular (PP) y Junts per Catalunya se expresan de forma crítica aunque no han clarificado su postura.

Si se cumplen los plazos previstos, tras la aprobación en Consejo de Ministros este martes, el proyecto de ley entraría en el Congreso de los Diputados a finales de febrero o principios de marzo, dado que al tramitarse por la vía de urgencia no hace falta esperar a informes de diferentes organismos para seguir avanzando.

Ante los posibles obstáculos que podría encontrarse la medida durante la negociación parlamentaria, los sindicatos ya han advertido de que si el texto se bloquea no dudarán en presionar a los partidos que se opongan saliendo a la calle. Mientas tanto, la CEOE ha reconocido que hablará con quien quiera escucharla, aludiendo así a PP o Junts, para intentar que la medida no se apruebe o, que al menos no salga adelante como está diseñada en la actualidad.