El pacto entre PSOE y ERC por avanzar en la reforma del delito de malversación sigue dando de qué hablar. Después de que este lunes se confirmara el acuerdo entre ambas formaciones para rebajar hasta los cuatro años de prisión la pena máxima por malversación sin ánimo de lucro -una fórmula que podría beneficiar a varios de los condenados e imputados por el 'procés'-, horas después se revelan nuevos detalles del trámite que han propiciado socialistas y líderes de Esquerra.

Se trata de un punto 'extra', relativo a la reparación del daño que aparece en el artículo 434 de la enmienda transaccional y que ya está en el Código Penal actual, en el artículo 435. En él se recoge una rebaja en uno o dos grados la pena si antes del juicio oral los imputados devuelven el dinero con el que el erario público ha sido perjudicado, así como si colaboran con la justicia. Rebajar dos grados una pena de uno a cuatro años supone que se quedaría en una horquilla de tres a seis meses.

"Si el culpable de cualquiera de los hechos tipificados hubiera reparado de modo efectivo e íntegro el perjuicio causado al patrimonio público antes del inicio del juicio oral, o hubiera colaborado activa y eficazmente con las autoridades o sus agentes para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, o para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos, los jueces y tribunales impondrán al responsable de este delito la pena inferior en uno o dos grados", se recoge en esa modificación del texto.

En la práctica, esta modificación resultaría ser la vía de escape para todos los altos cargos imputados por la logística del 1-O y la acción exterior de la Generalitat. Si pagan antes del juicio (con o sin colecta), se les va a quedar la pena en casi nada. Ya este lunes, tras conocer el acuerdo entre PSOE y ERC, el Partido Popular se situaba a la contra y reprochaba a los socialistas que la reforma fuera un traje a medida para los independentistas. Argumento con el que volvieron a reclamar a Sánchez que convoque "elecciones "si no se da marcha atrás con los indultos, en la derogación de la sedición o en la rebaja de la corrupción".

Una posición que rechazaban desde las filas del PSOE y desde el propio Ejecutivo, cuya intención, según han esgrimido en las últimas horas, es volver a un escenario similar a 2015, cuando el PP modificó el Código Penal tras la consulta del 9N que organizó Artur Mas. Además, Pedro Sánchez ha defendido estas negociaciones como parte de la política de "conciliación" en Cataluña y la desjudicialización de la política. "Hemos decidido rescatar a Cataluña de la crispación y de la confrontación para devolverla al marco y al territorio que nunca debió abandonar: el de la convivencia y la concordia", ha reivindicado en anteriores ocasiones el presidente del Gobierno.