La reprimenda de Torres a las comunidades que se quejan por recibir a "seis migrantes más": "Canarias tiene 6.000 menores más de su capacidad"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha cargado este jueves contra las comunidades autónomas que dicen estar saturadas por recibir a menores migrantes.

El ministro se ha mostrado duro el mismo día en el que se debate la convalidación del real decreto ley para la reubicación de menores migrantes no acompañados desde zonas con sus recursos tensionados, como Canarias o Ceuta, a otras regiones en las que puedan ser mejor atendidos.

"Canarias tiene 6.000 menores más de su capacidad. Y hemos escuchado a comunidades autónomas decir que por seis menores están desbordados en una comunidad con cuatro millones de habitantes", ha asegurado Torres.

"¿Cómo llaman a lo de Canarias? ¿Y lo de Ceuta? Atendió en 2024 a más de 877 con 84.000 habitantes", ha indicado el ministro, quien ha insistido en que este decreto "es justo porque se basa en la capacidad ordinaria". De esta manera, Torres ha avisado: "Hoy son Ceuta, Melilla y Canarias. Pero mañana pueden ser otros territorios porque las rutas cambian".

"No se han beneficiado a unas comunidades sobre otras"

Tras las críticas al Ejecutivo de estas últimas semanas en las que diferentes comunidades autónomas esgrimían que ya estaban saturadas para recibir a más niños, el ministro ha defendido que desde el Gobierno no han "beneficiado a unas comunidades sobre otras".

"Los números son objetivos. Sabemos qué comunidades han atendido a un mayor número de menores en relación a su inmigración. Este decreto quiere corregir esos desequilibrios. Esto es un país y el fenómeno migratorio requiere una respuesta de Estado", ha señalado Torres.

Así, el ministro ha insistido en la dura realidad que se vive en diferentes territorios, donde "hay menores hacinados". Por ello, ha indicado que este decreto es para que estos niños "tengan sus derechos preservados". "Si están hacinados no se cumplen las necesidades, no se respetan sus derechos", ha añadido.

Torres también ha hecho referencia a la medida cautelar del Tribunal Supremo, quien dio diez días al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que garantice el acceso al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de unos mil menores migrantes no acompañados que actualmente se encuentran en las islas y que han solicitado asilo. "Aceptamos el auto del Supremo, tiene que cumplirse", ha indicado.

El ministro ha asegurado que espera que este jueves se apruebe este real decreto "para dar una respuesta humanitaria y justa a esos menores". En esta línea, ha pedido a los partidos que se quedaron fuera la última vez -PP y Vox- que apoyen este jueves la medida. También se ha dirigido a los diputados de Canarias y de Ceuta del Partido Popular para que voten a favor.

La última vez que el Gobierno presentó en el Congreso un texto muy parecido a este no tuvo los apoyos suficientes. Ocurrió el pasado 23 de julio cuando no consiguió lograr los votos a favor de Vox, PP y Junts.

Reforma de la Ley de Extranjería

El Gobierno aprobó el pasado 18 de marzo un real decreto ley para reformar la Ley de Extranjería en lo relativo al sistema de reparto de menores migrantes, tras alcanzar el Gobierno un acuerdo con Junts que le permitirá sacarlo adelante este jueves el Congreso.

El real decreto ley, que entró en vigor el pasado 20 de marzo, reforma la ley de Extranjería para articular un mecanismo permanente de reubicación de los jóvenes que han migrado solos desde zonas de llegada cuando sus recursos de acogida lleguen al 300% de su capacidad.

Además, significará el traslado, en el primer año, de unos 4.000 menores desde Canarias y 400 desde Ceuta, aunque las cifras aún no están cerradas. Desde que se aprobó este real decreto ley, algunas comunidades gobernadas por el PP han anunciado que la recurrirán ante el Tribunal Constitucional.

El Gobierno pidió a todas las comunidades que informaran de sus cifras y aunque la mayoría de ellas lo hicieron, no fueron todas. Aragón directamente decidió no enviar sus datos. Otras regiones, como la Comunidad de Madrid, dieron un "dato general", sin aclarar cuántas plazas había ocupadas en ese momento en su sistema de acogida. Ese dato es precisamente el que el Ejecutivo necesita saber para poder hacer una propuesta de reparto.