ElPSOE y Unidas Podemosse han reunido este lunes en el Congreso para hacer un seguimiento de la coalición de gobierno tras las discrepancias entre ambas formaciones con respecto a la reforma laboral, y después de que Podemos denunciara la "injerencia" de Nadia Calviño, la vicepresidenta económica, en este ámbito.
Un encuentro que, según fuentes de Unidas Podemos consultadas por laSexta, ha durado dos horas y se ha desarrollado en un "tono constructivo" y de "colaboración", pese a lo cual ha concluido sin acuerdo. En este sentido, apuntan desde la formación morada que seguirán negociando, puesto que "por el momento no hay un consenso sobre la reforma laboral".
En las misma línea se han pronunciado las fuentes socialistas, que han indicado a esta cadena que ha sido una "reunión constructiva, con buen tono", asegurando que ambas partes se han emplazado "a seguir hablando".
Por parte del PSOE han acudido María Jesús Montero, Félix Bolaños, Héctor Gómez y Adriana Lastra. Por su parte, Unidas Podemos ha estado representado por Irene Montero, Ione Belarra, Pablo Echenique, Josep Vendrell, Enrique Santiago y Joaquín Pérez.
Desde la formación morada aseguraban ir a esta reunión con buen ánimo, reiterando la necesidad de defender la coalición. Adelantaban que pondrían el foco en el debate concreto sobre la reforma laboral, asegurando que la situación se tiene que reconducir. En cuanto al PSOE, Adriana Lastra ha dicho antes de entrar al encuentro que su partido "siempre cumple y por eso este país avanza".
El pasado viernes la formación morada solicitó de manera "urgente" una reunión "de la mesa de seguimiento del acuerdo de la coalición" para "abordar la gestión y la ejecución de los compromisos". Fue la secretaria general, Ione Belarra, quien informó de ello a través de redes sociales.
Y es que para los morados, Nadia Calviño está poniendo dificultades para tramitar la derogación de la reforma laboral, a pesar de que Pedro Sánchez dejó claro en el Congreso Federal que su objetivo era acabar con esta normativa impulsada por los 'populares' durante el mandato de Mariano Rajoy.
Así las cosas, desde Unidas Podemos creen que hay una "injerencia" por parte de la vicepresidenta económica y consideran que se está entrometiendo en las funciones del Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz. Un principio de crisis al que el presidente del Gobierno ya ha respondido de manera tajante. "No hay intromisión, lo que hay es colaboración, coordinación y un aporte de todos los ministerios", ha dicho al respecto.
Precisamente, el jueves pasado Calviño evitó hablar sobre la derogación de la reforma laboral en el Congreso Confederal de Comisiones Obreras. Así, pidió "superar el debate sobre las reformas o contrarreformas laborales" y llamó a buscar un acuerdo con la patronal y los sindicatos para impulsar "un paquete de cambios que modernicen el mercado laboral.
La ministra de Asuntos Económicos también aseguró que la negociación para la reforma todavía no ha comenzado. "Ha habido encuentros y contactos preliminares, pero de momento no se ha iniciado la fase de negociación y de concreción de ese paquete de reformas", señaló al respecto, precisando que "en las próximas semanas" se empezará "a trabajar con los agentes sociales".
Unas declaraciones que también sorprendieron a las organizaciones sindicales porque se han reunido en varias ocasiones y "los trabajos ya están avanzados". Respecto a la postura de Unidas Podemos, apuntaron que "es cierto" que el departamento de Economía "siempre aparece para poner el freno de mano frente al Ministerio de Trabajo en asuntos laborales".
La inhabilitación de Alberto Rodríguez, muy criticada por Podemos
Otro de los problemas que ha tenido que enfrentar el Ejecutivo ha sido la inhabilitación de Alberto Rodríguez, que ha abandonado Podemos y se ha llegado a plantear denunciar a Meritxell Batet, la presidenta de la Mesa del Congreso, aunque finalmentelo ha descartado.
La sentencia del Supremo contra Rodríguez se remonta a una manifestación de 2014 en la que se le acusó de haber golpeado a un Policía. Por esta razón ha sido condenado a una pena de un mes y 15 días de prisión conmutable por una multa de 540 euros por atentado a agentes de la autoridad, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.
Una decisión judicial - y su consecuencia política- que no ha sentado nada bien ni al ya expolítico ni al partido al que pertenecía. Desde su formación denunciaron en un primer momento que la decisión de Batet fue tomada cediendo ante la "vergonzosa" presión del Supremo y la extrema derecha. Precisamente, en la tarde del viernes la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, publicó un controvertido mensaje en Twitter en el que acusaba de prevaricación tanto al órgano judicial como a la presidenta del Congreso.