Felipe VI preside este jueves el acto de apertura del año judicial con normalidad institucional tras un bloqueo de más de un lustro y con la primera presidenta en toda la historia del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo tras el nombramiento in extremisde la magistrada Isabel Perelló. Una apertura que se produce en un momento difícil para el Gobierno por la causa abierta a Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez, pero también por las dudas sobre la ley de amnistía y un fiscal general del Estado al borde de la imputación.
Como es tradición, el Supremo acogerá el solemne acto, evento que sirve de pistoletazo de salida a un nuevo curso en los juzgados y tribunales al que asistirá a la cúpula judicial y los representantes de las principales instituciones del país y que este año permite recuperar la normalidad del acto. La principal misión del nuevo CGPJ será hacer frente a casi un centenar de nombramientos pendientes en la cúpula judicial del país, 27 de ellos del Supremo, que tiene más de un tercio de su plantilla de magistrados sin cubrir.
La elección de Perelló como presidenta del Poder Judicial y del Supremopone fin de forma definitiva al bloqueo que el órgano de gobierno de los jueces ha sufrido durante más de cinco años y medio, con lo que todos los focos apuntarán a ella ya su primer discurso, que apenas ha tenido tiempo de preparar.
No obstante, pese a la superación del bloqueo, el curso judicial será de alto voltaje por la causa abierta por el devenir de las querellas del jefe del Ejecutivo y su mujer contra el juez Juan Carlos Peinado, así como el futuro de la amnistía del procés, que seguirá en manos de los jueces hasta llegar al Tribunal Constitucional. En este caso, este miércoles se conoció que el magistrado y exministro Juan Carlos Campopidió abstenerse en el debate sobre la ley de amnistía, dejando más dudas de la aplicación de la misma a determinados casos.
Un fiscal general al borde de la imputación
Antes del discurso de Perelló, hablará con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien está al borde de la imputación porque el Tribunal Supremo tiene que decidir si le abre una investigación a petición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tras la querella de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por revelación de secretos.
Ajeno al ruido que genera esta cuestión, ya no por su futuro procesal sino también al frente del Ministerio Fiscal, García Ortiz defiende que el paso dado por el TSJM "no ha de impedir ni alterar" el trabajo de la Fiscalía ni el suyo propio. Y aunque está por ver qué ocurrirá con la decisión del Alto Tribunal, fuentes jurídicas consultadas por Efe dudan de que García Ortiz dimita si le imputan. Al contrario, el fiscal defenderá su actuación una vez que ya ha admitido públicamente ser quien ordenó la publicación de una nota de prensa con datos de González Amador.
Mientras, un juzgado de Madrid continuará la causa abierta contra Alberto González Amador, investigado por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021 y quien aún no ha declarado ante la jueza.
La amnistía y Puigdemont
Por otro lado, el Supremo tiene encima de la mesa los recursos de los líderes del procéscontra el rechazo a aplicarles el perdón, al considerar los magistrados que este no cubre la malversación que se les atribuye. Un delito por el que el expresidente catalán Carles Puigdemont sigue teniendo una orden de detención nacional, que, sin embargo, no derivó en su arresto cuando logró entrar en Barcelona hace apenas un mes, el 8 agosto, dio un discurso en la calle antes de la sesión de investidura de Salvador Illa y consiguió huir de nuevo.
Más allá de la respuesta del Supremo, se da por hecho que el asunto llegará a manos del Constitucional, que ya debe examinar -también a petición del Supremo- si la norma encaja en la Carta Magna en relación al delito de desórdenes públicos. Además, el Tribunal de Cuentas elevó la norma al Tribunal Superior de Justicia de la UE ante la posibilidad de que colisione con los intereses financieros comunitarios.
El futuro de Begoña Gómez y el juez instructor
Pese a que agosto es inhábil en los tribunales, el juez Juan Carlos Peinado retomó el pasado día 26 la causa contra Begoña Gómez con cuatro testificales y varias peticiones de las acusaciones populares que buscan conectar el procedimiento con el caso Koldo.
Pero en paralelo a esa investigación, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid debe decidir si admite a trámite las querellas que la Abogacía del Estado, en representación del jefe del Ejecutivo y su mujer, interpusieron contra el juez por presunta prevaricación.
La admisión de la querella de Begoña Gómez, según establece la ley, podría motivar que el magistrado se abstuviese de seguir al frente de sus pesquisas o fundamentar una posible recusación contra él.