A pesar de que el exministro recurrirá ante el Tribunal Constitucional su condena a cuatro años y medio de prisión antes de finales de noviembre, el límite para que ingrese de forma voluntaria en el centro penitenciario que elija se mantiene en el jueves 25, al adelantarse a su citación y recoger la orden un día antes que el resto de exconsejeros y exdirectivos de la entidad.
Una maniobra con la que Rato evitó el revuelo mediático, al igual que el exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez-Ponga, que el pasado miércoles ingresó en la prisión madrileña de Soto del Real, donde ya ha pasado las revisiones médicas y psicológicas pertinentes.
Allí cumplirá con los tres años y dos meses de condena impuestos por la Audiencia Nacional y ratificados por el Tribunal Supremo como usuario de una tarjeta con la que desembolsó 255.372 euros. También interno, aunque en la cárcel de Navalcarnero, se encuentra el exdirigente de CCOO Antonio Rey de Viñas, miembro de la comisión de control de la extinta caja y sobre quien pesan dos años y medio de prisión por gastos personales que ascendieron a los 191.500 euros.
A pesar del inmediato encarcelamiento de ambos, que apenas han esperado una semana desde que se les notificó el decreto de ejecución para personarse en sus respectivos centros, el grueso de condenados aún dispone de cinco días hábiles para seguir sus pasos.
En esta lista figuran Antonio Romero Lázaro (PSOE) y Jorge Gómez (PSOE), sobre los que recaen tres años y dos meses de prisión; José María de la Riva (PSOE), Rodolfo Benito (CCOO) y Gonzalo Martín Pascual (UGT) -tres años de cárcel-, así como Francisco José Pérez (PSOE), Miguel Ángel Abejón (UGT), Rubén Cruz (IU), Javier de Miguel (PP) y Ángel Gómez del Pulgar (PSOE) -dos años y medio-.
De los quince cargos con penas superiores a los dos años, sólo el exvicepresidente de la caja José Antonio Moral Santín -cuatro años- y el exconsejero Francisco Baquero tres años y dos meses- tienen un día hábil más de plazo, esto es, hasta el 29 de octubre.
En total, entre todos ellos desembolsaron en distintos tipos de gastos -viajes, comidas, ropa, compras en supermercados, retiradas de dinero en efectivo- casi 2,9 millones de euros de los más de 12 millones que, según ambos tribunales, se sustrajeron del caudal de Caja Madrid y, más tarde, de la Bankia primigenia.
Un sistema "pervertido desde su origen" que fue mantenido por Rato, sostienen los jueces, y que facultó a los titulares a utilizar las tarjetas en su beneficio sin necesidad de justificar que se habían empleado en gastos indemnizables, hecho que en aquella época estaba "fuera de la ley".
De este modo, proseguía el Supremo, actuaron como si fueran "dueños del dinero", invirtiendo los importes que creyeron oportunos en cuanto ellos mismos decidieron. No obstante, dadas sus responsabilidades, experiencia y preparación para el cargo, señalaba directamente al exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) por usar a favor este método y por extenderlo, durante su breve presidencia en Bankia, a sus más estrechos colaboradores.
Rato tratará de revocar dicha versión en los próximos días ante el Constitucional al sentir vulnerados sus derechos fundamentales en un recurso que, de admitirse a trámite, podría suponer su excarcelación hasta disponer de una resolución final al ser un castigo inferior a los cinco años de prisión.