Pedro Sánchez sostiene que la amnistía "es poner el contador a cero, pero no es poner la memoria a cero". Así lo ha aseverado este lunes el presidente del Gobierno, que ha defendido que "todos debemos extraer lecciones" de lo ocurrido en Cataluña en los últimos años, en una entrevista en la 'Cadena SER' en la que se ha referido la primera reunión con Junts en Ginebra, en el marco de una negociación que, ha asegurado, versa sobre los acuerdos que ya se conocen.
Así, Sánchez ha avanzado que la de este fin de semana "va a ser la primera de otras muchas reuniones" dentro y fuera de España y ha afirmado que se negocia sobre "lo que está escrito, lo que está publicado" y "lo que conoce la opinión pública". Reuniones, ha defendido, que persiguen "un objetivo noble": la "convivencia" y "restaurar todos aquellos puentes que se rompieron" en 2017.
En concreto, ha detallado que en la reunión del sábado se planteó la metodología y la persona que va a actuar como verificador. Una figura, ha indicado, que también existirá en la negociación con Esquerra Republicana, aunque "en principio parece que no va a ser el mismo". Además, ha incidido en que esta es una negociación "entre partidos políticos" y en este sentido ha recordado que el Gobierno de José María Aznar -"subrayo lo de Gobierno", ha recalcado-, se reunió en su momento con ETA en Suiza.
"Todo lo que hagamos estará dentro de la Constitución", ha insistido en cualquier caso Sánchez, quien, preguntado sobre la opacidad en torno a las reuniones con Junts, ha preferido hablar de "obligada discreción" que de "secretismo".
Preguntado acerca de si Carles Puigdemont tiene que responder ante la Justicia, el líder socialista ha defendido que "lo más relevante es que entre todos logremos superar lo que sucedió en 2017" y ha vuelto a reconocer que una ley de amnistía no estaba en sus planes inmediatos: "Hay que hacer de la necesidad virtud, yo no tenía pensado hacer una amnistía como el siguiente paso", ha admitido, aunque ha insistido en que esto es "coherente" con la "política de normalización" que venía aplicando en Cataluña.
"No era el paso que tenía pensado dar", ha reiterado, resumiendo así "las motivaciones" tras la norma: por una parte, "que haya un gobierno progresista" y "poner freno al avance del PP con la ultraderecha", y, por otra, "seguir una política coherente con la política de normalización y estabilización".