Lo que sí han ratificado todos los grupos por unanimidad es el informe de la ponencia de estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género aprobado y que contempla 265 propuestas para plasmar en el pacto de Estado con una dotación presupuestaria de 1.000 millones de euros.
También han secundado el voto particular que presentaron para proteger a las víctimas inmersas en situaciones de sustracción internacional de menores, como Juana Rivas, la mujer que se encuentra ilocalizable tras haber incumplido la orden judicial de entregar a sus dos hijos al padre.
Sin embargo, el PSOE no ha conseguido el apoyo suficiente para sus nueve votos particulares, con los que pretendía, entre otras cuestiones, que la prostitución, la gestación subrogada o el impago de la pensión alimenticia por parte del maltratador se consideren una forma de violencia machista o permitir a las menores de 16 años abortar sin consentimiento paterno.
Para la senadora socialista Laura Berja, la prostitución debe ser reconocida como una de las maneras más "crueles" de violencia sobre la mujer porque afecta a su salud e integridad, al igual que la "explotación reproductiva" o la "violencia económica y patrimonial", que las obliga a enfrentarse a largos procesos judiciales para recuperar esos ingresos.
A juicio del PP, único grupo que ha votado en contra de estas propuestas, se trata de cuestiones que deben ser debatidas en otros ámbitos que no sea el del pacto de Estado, ha explicado su portavoz, Severa González. No obstante, la senadora popular no ha cerrado la puerta a trabajar en ello pero "en otro sitio" para que pueda llegarse a un acuerdo "unánime".
Tampoco Podemos ha logrado sacar adelante sus cuatro votos particulares, con uno de los cuales aspiraba a crear una ley marco sobre violencias machistas ya que, según María Freixanet, se ha hecho "parcheando" la ley integral de 2004.