El president del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox) sigue en sus trece. "Acerté en aplicar el reglamento", ha dicho a los medios de comunicación este viernes a su salida del Juzgado donde ha prestado declaración como investigado tras ser denunciado por un presunto delito de odio en relación al incidente este verano con la foto de Aurora Picornell y las Rojas del Molinar.
Sin embargo, "tampoco no es para tanto" han sido sus primeras palabras al ver a un tumulto de periodistas que aguardaban en el exterior de la sede judicial, hasta donde Le Senne ha ido acompañado de la cúpula de Vox en Baleares. Segundos después volvía a quitar hierro a las denuncias de los colectivos 'Estimada Aurora' y 'Memoria de Mallorca' a las que se unieron las familias de Aurora Picornell y de Antònia y Maria Pascual, puesto que a sus ojos "cualquiera puede emprender acciones legales". "Espero que podamos pasar página pronto y dedicarnos a cosas más serias", ha reafirmado.
A continuación, y sin sorpresas, ha vuelto a insistir en su versión. "Rompí accidentalmente un folio. Pedí disculpas por lo inapropiado que fue rasgar accidentalmente un folio, pero acerté en aplicar el reglamento", ha dicho ante multitud de micrófonos. Incluso, vuelve a culpabilizar a las diputadas socialistas que portaban las fotografías: "Las miembros de la Mesa sabían que esas imágenes no podían estar allí".
Sobre lo que pueda pasar si resulta condenado por los hechos, Le Senne dice ir "paso a paso", aunque asegura que "sería una gran sorpresa" y es que como "abogado", la denuncia "no tiene ningún recorrido". De esta manera, ha evitado responder si presentaría su dimisión como segunda autoridad de las Islas Baleares.
Eso sí, admite que "a toro pasado" actuaría de otra forma y "pediría a los ujieres que retiraran ellos la imagen". Sin embargo, argumenta que "en ese momento" le pareció "más aparatoso" por lo que decidió arrancar él mismo las fotografías de la republicanas represaliadas que las diputadas socialistas Mercedes Garrido y Pilar Costa llevaban pegadas en sus ordenadores portátiles. Sucedió en junio cuando en la Cámara balear Vox y PP daban los primeros pasos para la derogación de la Ley de Memoria Democrática.