La vivienda ya es la segunda mayor preocupación de los españoles. Una cuestión que en Barcelona es especialmente crítica, hasta el punto de que el precio está en 21,6 euros por metro cuadrado, récord histórico según los datos de Idealista. Una subida descontrolada con un sector inmobiliario que carece de suficiente stock para cubrir la demanda y con un responsable que tiene nombre y apellido: los pisos turísticos. Es por ello que en la ciudad condal se quiere cortar de raíz erradicando cualquier tipo de apartamento destinado a alojar a turistas.
El auge de los pisos turísticos ha llegado a tal punto que en febrero de 2024 se registraron un total de 351.389 viviendas de uso turístico (VUT), el 1,3 % del parque total de casas, según las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es por ello que el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado un plan de cinco años que terminará con los pisos turísticos en la ciudad para que pasen a ser residenciales y así facilitar el acceso a la vivienda.
Aprovechando el fin de la campaña electoral y su respectivo veto para anunciar algo por parte de las administraciones, el alcalde Jaume Collbonii ha anunciado el denominado 'Pla Viure': "El acceso a la vivienda problema grave, sobre todo para la gente joven, que asocian irse de casa a irse de la ciudad. Las dos acciones que os presentaremos hoy forman parte del 'Pla Viure', que reunirá de forma transversal todas las políticas y actuaciones que hará el gobierno para favorecer el acceso a la vivienda".
Una medida a cinco años vista que no pone una solución inmediata al problema de la vivienda en Barcelona. De hecho, los sindicatos de vecinos de la ciudad no han tardado en criticar la iniciativa de Collboni asegurando que al no tener ningún efecto práctico hasta dentro de cuatro años y medio, un periodo de tiempo en el cual se pueden dar cambios políticos en el propio ayuntamiento o en el Decreto de alquileres, es 'papel mojado'.
Los sindicatos critican la medida de Collboni
"Hasta finales de 2028, los alquileres turísticos que operan legalmentelo seguirán haciendo y aquellos que hace años que lo hacen ilegalmente también, si el Ayuntamiento no comienza a implementar mecanismos efectivos para perseguirlos", ha manifestado el Sindicat Llogateres en un comunicado
Por otro lado, la asociación ha puesto en tela de juicio la eliminación de los 10.000 pisos turísticos que tiene la ciudad y que pasen a ser residenciales, ya que no es ninguna novedad a nivel legislativo. "La única medida que propone Collboni ya está prevista y es la próxima legislatura, cuando vete a saber si todavía será alcalde o no. Prometer esto es hablar por hablar".
¿Erradicar las licencias de los pisos turísticos ayudaría a lidiar con la escasez de stock y con los precios abusivos? Aquí es donde entra en juego los alquileres de temporada, una alternativa para todas las personas que quieran seguir arrendando sus apartamentos a turistas en el caso de que se haga efectiva la promesa de Collboni de cara a noviembre de 2028. No solo eso, sino que Junts, Vox y PP tumbarón la regulación, por lo que los pisos turísticos pasarían a ser apartamentos temporales.
Es por ello, que el Sindicat ha alegado que el anuncio de este viernes del alcalde Collboni "no hace más que ratificar la apuesta de la patronal hotelera: una ciudad vendida a un turismo de congresos, acontecimientos y cada vez más exclusivo", se afirma en la nota. A juicio de esta entidad, "es urgente" regular los alquileres temporales y de habitaciones para que dejen de desviarse "hacia fines lucrativos".
El Sindicato de Inquilinas también se ha sumado a las quejas del Sindicat Llogateres. Tal y como ha recogido 'El País', la agrupación ha expresado que aunque aparentemente la medida responde a las demandas vecinales de poner freno al turismo, la realidad es que "no tendrá ningún efecto práctico hasta dentro de cuatro años y medio". Además, ha advertido de que hasta el 2028 puede cambiar el panorama político, sobre todo con los comicios municipales en 2027. El Sindicato ha recordado también que el PSC votó en contra del decreto con el que el Govern pretendía regular los alquileres de temporada, que en parte actúan como pisos turísticos.