A la hipotética ley de amnistía que PSOE y ERC han pactado como acuerdo previo al apoyo a la investidura de Pedro Sánchez tiene un largo camino en el que no faltan obstáculos.
Lo primero es registrar la iniciativa. La clave es que se tramite como proposición de ley para acortar plazos y número de diputados necesarios para registrarla. Además, se evitan así informes de órganos como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado.
Ahora mismo hay dos opciones: puede que se registre este jueves para que el viernes la Mesa del Congreso la califique o si no se cumplen los plazos, se convocaría una nueva reunión de la Mesa para el lunes. El objetivo es que la iniciativa esté registrada antes de la investidura.
El siguiente trámite tiene lugar en la Mesa del Congreso, que es la encargada de dar luz verde a que esa proposición de ley se tramite en la Cámara Baja. Aquí hay mayoría progresista, así que previsiblemente con el visto bueno de la Mesa, si pasados 30 días el Gobierno no se pronuncia en contra, pasaría directamente al Pleno para su aprobación.
En el Senado, el siguiente paso, llega el que será el principal obstáculo de esta ley. Los 'populares' tienen mayoría en este hemiciclo y en la Mesa, por lo que podrían paralizar o dilatar su tramitación añadiendo vetos o enmiendas.
Pero si el Gobierno pide que la tramitación sea por vía urgente, se acortan los tiempos así que los senadores del PP podrían dilatar los plazos como mucho hasta 20 días, aunque la vetaran por completo.
Si eso sucede, el texto volvería al Congreso sin cambios y saldría adelante con los mismos votos que hicieron a Francina Armengol presidenta.
Pero no faltan ya impedimentos. Ocho vocales conservadores del CGPJ han pedido unpleno extraordinario para mostrar su rechazo a la ley, a pesar de todavía no conocer el texto.