Ni en 2022 ni en 2023. Las comunidades autonómas no han tenido a bien cumplir con lo prometido en lo que respecta al traslado de menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta y Canarias. Así se deduce a partir de los datos trasladados por las comunidades al Ministerio de Juventud e Infancia liderado por Sira Rego, y a los que ha tenido acceso laSexta. Todo esto, además, a pesar de que el Gobierno insiste en que ha ingresado a estas un total 20 millones de euros para efectuar sus reubicaciones, además de otros 15 destinados a los territorios de llegada.
El Gobierno pactó con las comunidades el traslado de 373 menores migrantes no acompañados de Canarias y Ceuta, pero las comunidades solo han acogido a 62 (16%) y ninguna de ellas alcanza el total acordado. Cinco más, apuntan fuentes del Gobierno, está previsto que lleguen Navarra finales de julio, cinco menores provenientes de Canarias.
De los 62 que ya han sido acogidos, 30 provenientes de Ceuta fueron trasladados a Andalucía, 16 de Canarias a Aragón y 16 de Canarias a Asturias. En la siguiente gráfica comparamos las cifras.
Por comunidades, según lo acordado entre Gobierno y autonomías, Andalucía debía acoger en 2023 a 36 menores migrantes no acompañados, Aragón 24, Asturias 32, Baleares 10, Canarias 21, Cantabria 26, Castilla y León 23, Castilla-La Mancha 20, Cataluña 33, Ceuta 2, Comunidad Valenciana 25, Extremadura 25, Galicia 28, Madrid 34, Murcia 19, La Rioja 4, Navarra 17 y País Vasco 17.
Solo el 60% de los acordados en 2022 han sido acogidos
Y si analizamos los datos de 2022, más de lo mismo. Según las mismas cifras del ministerio liderado por Sira Rego, un total de 378 menores migrantes tenían que ser trasladados a las comunidades, de los que faltan aún 150. Por lo tanto, las autonomías deben acoger aún un 40% (228) de los menores migrantes acordados con el Ejecutivo.
De todas las comunidades, solo Andalucía, Asturias, Extremadura y Comunidad Valenciana cumplieron con lo acordado, puesto que las demás comunidades recibieron menos migrantes que lo pactado previamente. Andalucía debía acoger en 2022 a 38 menores migrantes no acompañados, Aragón 21, Asturias 31, Baleares 18, Cantabria 21, Castilla y León 28, Castilla-La Mancha 16, Cataluña 40, Comunidad Valenciana 18, Extremadura 22, Galicia 40, Madrid 30, Murcia 17, La Rioja 3, Navarra 17 y País Vasco 18.
Sin embargo, Aragón acogió a 19, Castilla y León a 22, Castilla-La Mancha a 8, Cataluña a 20, Galicia a 39, Madrid a 10 y La Rioja a uno.
347 a repartir para 2024
El Gobierno ha propuesto de nuevo a las CC.AA que acojan a 347 menores migrantes solos de Canarias y Ceuta, un reparto que, dicen, fue rechazado en principio por las CCAA, pero que fuentes del Partido Popular han asegurado que esta es la cifra que van a asumir en la Conferencia Sectorial de Canarias. A estos 347 habría que sumar 40 que se quedan en Canarias, así como los 13 de Ceuta, lo que da un total de 400.
Estos 400 menores supone una cifra notablemente inferior a los 3.000 que Canarias necesita repartir para conseguir cumplir con el objetivo que el Gobierno quiere establecer en su nueva ley de extranjería. La reforma que quieren modificar el Gobierno central y el de Canarias obligaría a las comunidades a admitir a admitir a los menores que sobrepasen el 150% de ocupación de los centros. Solo en Canarias hay más de 6.000 niños migrantes actualmente hacinados en centros de acogida en Canarias, cuando esta comunidad tiene capacidad para 2.000.
El Gobierno central ha convocado una reunión clave con los presidentes autonómicos y consejeros de las 17 comunidades en mitad de un enfrentamiento y divisiones políticas significativas. En el encuentro de este miércoles, se abordará com punto central la necesidad de trasladar a estos menores a otras regiones de España. Sin embargo, las posturas no están unificadas entre las comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el Partido Popular (PP), con 11 de ellas bajo su dirección y cinco incluyendo consejeros de Vox. La presión ha aumentado tras las amenazas de la ultraderecha de romper gobiernos regionales si se procede con la reubicación de estos menores en otras partes de España.