Caso contra el fiscal general
El juez Hurtado insinúa que la recuperación de los mensajes borrados del móvil por el fiscal general ha sido exitosa
Los detalles La documentación enviada desde Irlanda podría contener pruebas clave sobre la filtración del correo del abogado de González Amador; el juez abre una pieza secreta y ordena un análisis exhaustivo a la UCO.
El caso por revelación de secretos que pesa sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dado un vuelco este miércoles tras una revelación judicial de calado: la comisión rogatoria enviada a Irlanda para recuperar datos supuestamente borrados de su teléfono móvil y de una cuenta de correo electrónico "parece haber sido exitosa", según ha dejado escrito el juez instructor del caso, Ángel Hurtado, en una providencia.
El magistrado ha decidido abrir una pieza separada, que permanecerá secreta durante un mes, para analizar el material remitido por las autoridades irlandesas a través de Eurojust, en respuesta a la petición cursada a Google y WhatsApp.
La nueva documentación llega en un momento clave de la investigación, centrada en esclarecer si desde la Fiscalía se filtró deliberadamente un correo electrónico enviado por el abogado de Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso— en el que reconocía dos fraudes fiscales y proponía un acuerdo a cambio de evitar la prisión.
Esa filtración, ocurrida entre los días 8 y 14 de marzo de 2024, provocó que González Amador se querellara contra la Fiscalía por revelación de secretos.
Poco después de ser formalmente encausado, García Ortiz eliminó todos los datos de su dispositivo móvil, dificultando enormemente las pesquisas. Pero ahora, según el auto del juez, los datos requeridos podrían haberse recuperado gracias a la colaboración de las tecnológicas.
"Con fecha de ayer era recibida de la delegación irlandesa […] documentación relativa a la ejecución de la comisión rogatoria […] lo que, en principio, apunta a haber obtenido la información que se interesaba", expone Hurtado, que ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un análisis pericial de inteligencia sobre esa información.
El informe deberá centrarse exclusivamente en el periodo señalado y se exigirá a la UCO que informe al juzgado cada cinco días del avance en el análisis.
Aunque el juez no especifica si la respuesta se refiere a Google, a WhatsApp o a ambos servicios, la secuencia del procedimiento sugiere que los datos provienen del primero. Irlanda comunicó en marzo que las solicitudes sobre WhatsApp debían dirigirse a las autoridades estadounidenses, por lo que esa parte de la investigación fue redirigida.
El Supremo toma impulso: más testigos
En paralelo, el juez Hurtado ha citado a declarar a Alberto González Amador el próximo 23 de mayo, en contra de su criterio inicial. El instructor se había resistido a su testimonio, alegando que no es habitual llamar a declarar al querellante por el riesgo de perjudicar al acusado. Sin embargo, la Sala de Apelación del Supremo corrigió esa decisión en un auto reciente, y Hurtado ha tenido que rectificar.
Además, el 16 de mayo declararán también los peritos de la Guardia Civil que participaron en el análisis del material intervenido en el despacho de Pilar Rodríguez, fiscal jefa provincial de Madrid, también investigada por su posible implicación en la filtración