El Tribunal Supremo (TS) ha anulado el Real Decreto por el que se acordó el traspaso de las competencias en materia de tráfico de la Guardia Civil a la Comunidad foral de Navarra al estimar el recurso de la asociación Justicia Guardia Civil (JUCIL).
Los magistrados concluyen que no cabe emplear un Real Decreto de traspaso para atribuir una competencia no reconocida a Navarra en la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna) ni amparada en su derecho histórico.
"La sentencia resalta que la Lorafna (equivalente a un Estatuto de Autonomía) no incluye un título competencial que se identifique con las funciones que desempeña la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra", señala la sentencia a la que ha tenido acceso laSexta.
La sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal aula así el Real Decreto 252/2023, de 4 de abril, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra. El tribunal considera que esas "competencias podrán asumirse por Navarra, pero, o bien reformando la Lorafna, o bien mediante una ley orgánica del artículo 150.2 de la Constitución".
Asimismo, la sentencia detalla que la Lorafna "no incluye un título competencial que se identifique con las funciones que desempeña la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra". Y destacan que "la competencia ha sido siempre de la Guardia Civil, ejerciendo la Policía Foral una función subordinada".
Por otro lado, la sentencia rechaza "la alegación que realiza la Comunidad Foral Navarra de falta de legitimación activa de la asociación JUCIL para presentar el recurso". Además, señalan que, "paradójicamente, la mejor defensa de la legitimación activa de JUCIL la hace la propia Comunidad Foral". "Para negársela, sostiene que el traspaso no afecta a la Guardia Civil y, a renglón seguido, alega que los intereses profesionales, personales y familiares de los guardias civiles afectados por el traspaso están satisfechos".
"Para ello nos dice que podrán cambiar de funciones o seguir desempeñándolas 'en otros destinos geográficos', es decir, yéndose de Navarra o, en fin, podrán integrarse en la Policía Foral de Navarra". Por eso, para el Alto Tribunal "es obvio que cualquiera de esas alternativas incide, al menos, en los intereses profesionales de los guardias civiles y lo hace hasta el punto de prever su integración en otro cuerpo policial".