El Supremo avala el registro del despacho del fiscal general del Estado: cree que fue necesario y proporcional

La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo ha avalado el registro del despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el que se llevó a cabo en el de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Los recursos contra estas medidas se desestiman por unanimidad al considerar la sala que fueron necesarias, proporcionalese idóneas para obtener la información para la investigación.

El juez Ángel Hurtado acordó en octubre la entrada y registro de los despachos de los investigados y la incautación del material informático relacionado con la investigación, en el marco de la causa que instruye por presunta revelación de secretos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, acusado a su vez de fraude fiscal. El registro del despacho de García Ortiz se prolongó más de 10 horas.

Ahora, la Sala de Apelaciones avala la "necesidad, idoneidad y proporcionalidad" de la obtención de la información para la investigación, así como "la motivación fáctica y jurídica expuesta en los autos judiciales, tanto para justificar la inmisión en el secreto de las comunicaciones de los investigados, como aquellos otros derechos eventualmente afectados". "Si es así, no cabe poner objeción alguna a la incautación del material informático y telemático", añade.

La sala considera que "el juicio de proporcionalidad se encuentra cumplido", entre otros argumentos, porque "la investigación era necesaria", "el medio es el único posible" y "la motivación es suficiente". No había alternativa, esgrime la sala, porque renunciar a ese registro "conllevaría la renuncia a la misma investigación y a la consiguiente creación de un ámbito de impunidad".

Recuerda además que quien investiga es el Supremo, que "tiene la facultad de investigar a un aforado" como es el fiscal general. "No nos parece razonable atribuir a un órgano jurisdiccional, también en virtud de su alto rango, la facultad de investigar, y en su caso, sancionar, los posibles delitos que puedan cometer (...) y después concluir, que no pueden utilizar los instrumentos necesarios para su investigación", argumenta. De lo contrario, incide, "estaríamos instituyendo un privilegio para los aforados".

Reconoce no obstante que los autos iniciales fueron "excesivamente extensos" en cuanto al ámbito temporal de la medida, pues abarcaban desde el 8 de marzo hasta el momento del registro, que se llevó a cabo el 30 de octubre. "Semejante amplitud temporal fue inadecuada e innecesaria, pues los hechos, de haberse producido, tendrían un acotamiento temporal muchísimo más corto", señala la sala, que sin embargo recuerda que después el juez acotó las fechas al periodo entre el 8 y el 14 de marzo.

Considera en cualquier caso que "tal precisión no contamina de nulidad a los autos cuestionados, pues la medida autorizada era legal y constitucionalmente posible, lo único que se hace es precisarla de forma temporal, y deja sin cobertura legal a lo que pueda haberse obtenido fuera de dicho margen temporal".