La sentencia es firme. El juez Salvador alba irá a la cárcel por conspirar contra Victoria Rosell. La Sala de lo Penal del Supremo ha confirmado la condena a seis años y medio de prisión y 18 años de inhabilitación para el magistrado por delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento público. Pretendieron destruir la carrera de Rosell, pero este jueves la Justicia se ha pronunciado a su favor, una noticia que ella ha recibido emocionada. "Se te echa encima toda la dureza y el daño que hace algo así", ha explicado a laSexta la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

El tribunal ha desestimado los recursos de casación interpuesto por el condenado y la acusación particular, ejercida por Rosell y al que se adhirió Podemos, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Sentencia con la que se le impuso a Alba las citadas penas de prisión y de inhabilitación por esos tres delitos, así como el pago de una multa de 12.000 euros y una indemnización de 60.000 euros a Rosell, como responsabilidad civil. "Estoy satisfecha. Lo mejor es que se le ha expulsado de la carrera judicial", ha apuntado la delegada del Gobierno.

La sentencia recurrida indicaba que el magistrado fue juzgado por utilizar un procedimiento penal para alcanzar finalidades ajenas al mismo, y más concretamente emplear unas diligencias penales de investigación de un delito para introducir datos en las mismas con la finalidad de perjudicar el prestigio de Rosell. Así, el alto tribunal considera acreditado que Alba, con la finalidad de dar entrada en la causa de hechos relacionados con supuestas relaciones comerciales o empresariales que habrían existido con anterioridad entre uno de los investigados en la causa y la persona que había sido pareja sentimental de Victoria Rosell, mantuvo una entrevista privada con uno de los investigados.

Una entrevista en la que pactó introducir datos y documentos en el curso de una declaración cuya práctica acordó acto seguido para fechas posteriores. La finalidad principal de dicha resolución, según el tribunal, "no era recibir declaración al imputado, lo que también tendría lugar, sino crear y aprovechar una ocasión para introducir en la causa aquellos datos que pudieran perjudicar el crédito o el prestigio de la anterior juez de instrucción". El caso se remonta a 2016, cuando el juez Alba se reunió con un empresario canario, Miguel Ángel Ramírez.

Querían retirar su imputación a cambio de fabricar una declaración contra victoria Rosell que beneficiaría al por aquel entonces ministro José Manuel Soria. Él había presentado una querella contra Rosell. "¿Tú crees que a José Manuel (Soria) le va bien esto para la querella que tiene?", preguntaba el empresario, a lo que el juez Alba respondía: "A ver... la querella que tiene yo creo que prosperará sí o sí, como está". Dos meses después, el Supremo acabó admitiendo una querella de Soria gracias a un informe de el juez Alba, que según reconoció en unas grabaciones había hablado con el ministro.

"¿Sabes? Yo sé que la gente te ha hablado...", señalaba Ramírez. "Muchísima gente, muchísima. Soria...", certificaba el magistrado. Quería demostrar así que Rosell retrasó una investigación para no perjudicar el negocio de su pareja con el empresario imputado. "No, cuando tú me haces la pregunta, me podrás decir: '¿Pero esto que usted me está diciendo lo puede demostrar?'", planteó Ramírez. Y Alba no dudó en afirmarlo: "Exactamente". Algo que ella siempre negó. Estas maniobras llevaron a Rosell a dimitir cuando llevaba tan solo meses como diputada de Podemos. El juez Alba está suspendido de sus funciones desde julio de 2019.