El Tribunal Supremo ha abierto una causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos en relación con la investigación contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, acusado de fraude fiscal y falsedad documental.
Se trata de un hecho absolutamente inédito. Aunque formalmente el fiscal general no está imputado hasta que no le llamen a declarar con esa condición, se trata de un trámite inminente e inevitable: el Supremo primero abre causa por revelación de secretos contra él y el siguiente paso será llamarle a declarar como investigado.
A su vez, el alto tribunal también ha acordado investigar a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, aunque no tiene la condición de aforada, por considerar que los comportamientos de ambos guardan una conexión que impide incoar causas separadas.
El delito no estaría en la nota
Esta causa gira en torno a la nota de prensa emitida por la Fiscalía en marzo para salir al paso del bulo, difundido por el jefe de gabinete de Ayuso y recogido por varios medios de comunicación, que aseguraba que el Ministerio Público había ofrecido un acuerdo al novio de la presidenta madrileña, cuando en realidad fue su defensa quien lo propuso, reconociendo además los delitos fiscales.
Ahora, el Supremo recoge en su auto, al que ha tenido laSexta, la tesis de la Fiscalía -que se opuso a imputar a García Ortiz- de que la nota de prensa en sí no es delictiva, sino que el delito estaría en la filtración y publicación de los e-mails entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso y que esos correos estaban en poder del fiscal general y de la fiscal provincial.
En concreto, el alto tribunal cree que en la nota de prensa "no hay información indebidamente revelada, ante el conocimiento público de los hechos", puesto que ya habían sido publicados en la prensa.
Sin embargo, a su vez señala que de la instrucción del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se desprende que "horas antes de la nota de prensa", los correos entre el fiscal del caso y el abogado de González Amador "fueron revelados, estando los mismos en poder del Fiscal General del Estado y de la Fiscal Jefa Provincial".
Asimismo, el tribunal estima que, al menos indiciariamente, "existe una carga de lesividad que afecta al posible perjuicio al derecho de defensa" de González Amador por la revelación de ese correo, en el que su letrado afirmaba, literalmente, que "ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública" y trasladaba la disposición de su cliente a alcanzar un acuerdo de conformidad.
No obstante, cabe recordar que esos correos filtrados estaban en muchas manos: obraba en poder de todos los fiscales económicos de Madrid, puesto que el e-mail en cuestión se envió a una dirección genérica; de la Fiscalía Provincial, Superior y General; del abogado del novio de Ayuso y del jefe de gabinete. Así, será muy difícil determinar quién lo filtró si los periodistas invocan el secreto profesional.
Fiscalía apunta a la primera filtración
En este sentido, fuentes fiscales destacan que el auto del Supremo pone el foco en la filtración de los correos y no en la nota de prensa y recuerdan que la Fiscalía siempre ha sostenido que no había delito de revelación de secretos en la nota, puesto que no existía tal secreto.
Dichas fuentes consideran que atribuir la filtración al fiscal general es ir muy lejos, puesto que los correos los tenía mucha más gente. Además, inciden en que ni en la exposición razonada del TSJM ni en las querellas se habla de los correos, solo de la nota. "Puestos a investigar filtraciones, ¿por qué no empezar por la primera?", apuntan.
García Ortiz rechaza dimitir y defiende su actuación
Tras la imputación del fiscal general del Estado, la Asociación APIF, tercera en importancia de la carrera fiscal, ha pedido su dimisión y la Asociación de Fiscales posteriormente ha hecho lo mismo. Por su parte, la UPF ha trasladado su apoyo al fiscal general y total discrepancia con la decisión del Supremo.
El propio García Ortiz, entretanto, ha emitido un comunicado en el que anuncia su intención de seguir en el cargo y asegura que actuó frente a "bulos" que comprometían la imagen de la Fiscalía. "La atribución de la condición de investigado al Fiscal General del Estado es inédita en nuestro país y obliga a realizar una profunda reflexión", afirma en la nota.
En ella, argumenta que "el ordenamiento jurídico atribuye a la Fiscalía la función de informar de los asuntos relevantes de que conozca para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, más aún en un caso como este en el que con bulos o falsedades se comprometía la imagen de la institución y de varios de sus integrantes".
Además, asegura que la condición de investigado le permitirá ahora ejercitar plenamente su derecho de defensa, reprochando que "la investigación judicial se ha desarrollado hasta la fecha sin que haya podido hacerlo".