El Supremo ordena registrar el despacho del fiscal general del Estado por la revelación de secretos que le imputa

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Ángel Luis Hurtado ha ordenado este miércoles registrar la Fiscalía General del Estado por la revelación de secretos que imputa a Álvaro García Ortiz. Hurtado había emitido en la misma mañana un auto en el que se abrían diligencias de investigación y se emplazaba al fiscal general a designar abogado para no generarle indefensión en la causa que se sigue en su contra. El Supremo le imputa un presunto delito de revelación de secretos cometido contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La Guardia Civil ha entrado en el despacho del fiscal, donde ha registrado el teléfono móvil y los dispositivos electrónicos del fiscal general, además de obtener el volcado de cuentas de correo electrónico y otra información.

En otro auto, también de este miércoles, el magistrado ha ordenado igualmente la entrada en el despacho de la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y requisar todos los dispositivos, objetos y documentos que puedan "tener relación con un delito de revelación de secretos".

El Supremo ordenó la imputación de García Ortiz a través de un auto en el que se incoaban las correspondientes diligencias previas y se requería al fiscal la designación de abogado y procurador que se encarguen de su defensa y representación, a efectos de no generarle indefensión. En dicho auto, el juez reclama los servicios de la Fiscalía que identifiquen todas las cuentas de correo electrónico de García Ortiz. El magistrado ha decretado además el secreto del sumario por el plazo un mes.

En la misma resolución, da traslado a las acusaciones populares personadas, que son Fundación Foro Libertad y Alternativa, Sindicato colectivo de funcionarios Manos Limpias, Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) para que, en el plazo común de cinco días, se pronuncien sobre su posible agrupamiento como permite el artículo 109.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por otro lado, el instructor deja pendiente de pronunciamiento, que resolverá en resolución aparte, las diligencias que ha pedido practicar Alberto González Amador (acusación particular) así como la suspensión cautelar de funciones del fiscal general que ha solicitado Manos Limpias.