Causa contra el FGE
El Supremo llama a declarar a Miguel Ángel Rodríguez el próximo 8 de enero por la filtración sobre el novio de Ayuso
Entre líneas La mano derecha de Ayuso fue quien había difundido un bulo en el que se afirmaba que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo a González Amador, cuando fue en realidad la pareja de Ayuso la que ofreció ese acuerdo reconociendo dos delitos fiscales.
El Tribunal Supremo ha citado a las 10.00 horas del 8 de enero como testigo a Miguel Ángel Rodríguez (MAR), jefe de Gabinete de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el marco de la causa donde investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta revelación de secretos contra el novio de Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
El magistrado Ángel Hurtado ha dictado un auto en el que acuerda también que comparezcan en calidad de testigos ocho periodistas de distintos medios entre ese mismo día y el 9 de enero. En concreto, el juez del Supremo solicita a laSexta que remita copia de la noticia originalmente publicada a las 22:10 horas del 13 de marzo de 2024, y al periódico El Mundo, a fin de que remita copia de la noticia originalmente publicada a las 21:29 horas del 13 de marzo de 2024.
La mano derecha de Ayuso fue quien había difundido un bulo en el que se afirmaba que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo a González Amador, cuando fue en realidad la defensa de la pareja de Ayuso la que ofreció ese acuerdo reconociendo en un mail dos delitos fiscales. Por ello, el fiscal general había solicitado que todos los periodistas que desmontaron el bulo de MAR declarasen como testigos. Además, la Fiscalía señalaba en un escrito que la página web de laSexta fue la primera, a las 22.10 horas del 13 de marzo, en contar la información tal como era.
La Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz, solicitó al magistrado instructor la testifical del jefe de gabinete de Ayuso al existir "indicios" de que accedió "a una parte del contenido de los correos" que Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, cruzó con la Fiscalía.
Se basaron, para ello, en una información publicada por eldiario.es el 17 de octubre donde se afirma que 'La primera revelación de secretos fue de Miguel Ángel Rodríguez: correos a varios medios antes del desmentido de la Fiscalía'; y en dos mensajes publicados por el jefe de gabinete en la red social X.
El primero lo publicó a las 22:41 del 13 de marzo: "Resumen de la locura de hoy: La Fiscalía ofrece por 'email' un acuerdo al señor González; antes de que pueda responder, la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes 'de arriba' para que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio".
En el segundo, del 17 de octubre, Rodríguez indicaba: "Aclaremos: si doy información con copia de un 'email' oficial de la Fiscalía en el que se propone un acuerdo con González Amador ¿dónde está el bulo? Si se demuestra que el fiscal general paró la operación y se negó al acuerdo ¿dónde está el bulo? Republica bananera con B de Begoña".
Al mismo tiempo, el instructor ha acordado dirigir un oficio a la fiscal jefe de la Inspección Fiscal para que informe si se abrió algún expediente disciplinario o diligencias relacionadas con los hechos que se investigan en esta causa especial.
El juez Ángel Hurtado también ha dictado una providencia en la que pide a la UCO que realice un informe cotejando el acta notarial con los mensajes que aportó el entonces líder del PSOE madrileño Juan Lobato con el volcado de su teléfono.
En estos correos presuntamente filtrados, González Amador ofrecía un pacto a la Fiscalía en el que se declaraba culpable de dos delitos fiscales por defraudar más de 350.000 euros de los beneficios obtenidos por la venta de mascarillas en la pandemia.
El Tribunal Supremo abrió a mediados del mes pasado una causa contra Álvaro García Ortiz por presunta revelación de secretos en relación con la investigación contra la pareja de Ayuso, que está acusado de fraude fiscal y falsedad documental.
Además, el juez ha justificado la entrada y registro en el despacho del fiscal general, que duró 10 horas, como una medida "proporcional", "idónea" y "totalmente necesaria" ante "un delito de tal gravedad" como el de revelación de secretos. Hurtado explicó que el registro se ordenó ante "la existencia de sospecha objetivamente fundada de la comisión de una concreta infracción criminal" así como de los "principios de proporcionalidad de la medida" y "necesidad de la misma"