La imposición de multas de 12.000 euros diarios a los miembros de la Sindicatura Electoral central catalana, y de 6.000 euros diarios a los síndicos territoriales nombrados por éstos, ha demostrado en la práctica ser muy efectiva, según fuentes del TC.
Las mismas fuentes han informado de que alguno de los afectados ha enviado hasta 36 copias de su renuncia por escrito para evitar la multa.
El Boletín Oficial del Estado publicó las renuncias de todos los síndicos vinculados a la convocatoria del 1 de octubre y la anulación de todas las decisiones que adoptaron para la celebración del referéndum independentista, tal y como les ordenó el Constitucional.
De este modo, la convocatoria del referéndum no dispondrá de una suerte de junta electoral, ni podrá llevar a cabo las disposiciones que, en ese papel, resolvieron los citados síndicos.