El informe de la Guardia Civil remitido a la jueza que investiga a José Manuel Franco por permitir concentraciones masivas como el 8M, al que ha tenido acceso laSexta, recoge que la Delegación del Gobierno instó a algunos convocantes a anular sus manifestaciones a principios de ese mes, entre ellas, una convocada por la Asociación de Personas Aptas sin Ayuda de Alquiler (APASAA) el 19 de marzo. Sin embargo, según recoge 'eldiario.es', su portavoz, Diana Chnaiker, niega esa versión.

En el citado documento de la Benemérita, ante la que prestó declaración Chnaiker, se indica que ella comunicó a la Delegación del Gobierno el 18 de febrero la convocatoria de tres concentraciones los días 5, 12 y 19 de marzo, a las que la Delegación no se opuso. De estas, finalmente solo se celebró la prevista para el 5 de marzo. Según el informe, la que estaba convocada para el día 12 no se celebró al haberse desconvocado el pleno de la Asamblea de Madrid de ese día, donde APASAA tenía previsto manifestarse.

En cuanto a la manifestación prevista para el 19 de marzo, el informe de la Guardia Civil asegura que "el motivo de la cancelación" fue una llamada de un empleado de la Delegación del Gobierno a Chnaiker, que el 17 de marzo le manifestó que "dada la situación grave sanitaria en la que se encuentran y por el estado de alarma la manifestación prevista para el 19 no debe llevarse a cabo". Siempre según este documento, ese empleado exhortó a la convocante a que fuera ella quien enviase un correo electrónico a la Delegación cancelando la manifestación.

Sin embargo, según publica este miércoles 'eldiario.es', la testigo niega haber sufrido presiones para desconvocar la protesta. "A mí nadie me presionó en ningún momento", ha asegurado Chnaiker, en declaraciones al citado medio, en las que explica que no pensaban celebrar la manifestación del día 19 porque ya se habían decretado el estado de alarma y el confinamiento, además de que ese día no habría pleno de la Asamblea.

Según el testimonio de Chnaiker a 'eldiario.es', el 17 de marzo recibió una llamada de la Delegación en la que fue informada sobre las restricciones del estado de alarma, a lo que ella contestó que estaba al tanto y que por este motivo no se iba a celebrar la concentración. Según su relato, le indicaron que dejase constancia de ello vía email, algo que, según apunta, manifestó le parecía "ridículo", puesto que ya estaba hablando con Delegación.

No obstante, en declaraciones a ese medio, la testigo niega que se la presionase para desconvocar la protesta, afirmando que "es de sentido común que si no se puede salir y no están permitidas las agrupaciones, esto no se podía llevar a cabo".

Otros nueve convocantes también niegan presiones

El caso de APASAA no es el único. Según publica este miércoles el diario 'El País', los convocantes de otras nueve manifestaciones también desmienten que fueran presionados para suspenderlas.

De estos, nueve afirman que la Delegación del Gobierno se puso en contacto con ellos telefónicamente, pero que en esas llamadas no les instó a suspender los actos, mientras que uno de ellos incluso afirma que ni siquiera recibió esta llamada.