La JxCat reactivó la candidatura de Sánchez, que permanece preso en la cárcel de Soto del Real, para forzar al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena a pronunciarse sobre las "medidas cautelares" planteadas, según esta formación, en un escrito emitido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU el pasado 23 de marzo.
JxCat dio a conocer sendas cartas en las que Jordi Turull anunciaba su renuncia a seguir siendo el candidato a la investidura y Jordi Sànchez aceptaba volver a ser aspirante a la Presidencia de la Generalitat, a propuesta de Carles Puigdemont.
Se trata de una vuelta al escenario que JxCat hace unas semanas ya daba por imposible pero que ha decidido retomar para exprimir la nueva "oportunidad" que a su juicio abre el escrito del Comité de Derechos Humanos de la ONU, aunque entre bastidores sigue el debate interno sobre el perfil de un nuevo candidato sin causas judiciales.
Después de que, viendo la imposibilidad de ser investido desde Bélgica, Puigdemont renunciara a ser investido, JxCat planteó un plan B y Torrent convocó para el 12 de marzo el pleno de investidura de Sànchez, que no llegó a celebrarse porque el Supremo denegó su excarcelación.
JxCat pasó entonces a proponer un plan C, que pasaba por investir a Turull, que vio cómo la CUP impedía su nombramiento en primera votación y ya no pudo someterse a una segunda vuelta porque Llarena decretó su ingreso en prisión.
Antes de plantear un plan D, que consistiría en investir antes de la fecha límite del 22 de mayo a un candidato que no esté procesado por la causa abierta por el proceso independentista, JxCat quiere acogerse a las "medidas cautelares" planteadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en un escrito del 23 de marzo.
El Comité de las Naciones Unidas, formado por 18 miembros, aún no se ha pronunciado sobre la denuncia presentada por los letrados de Sánchez, pero dos de ellos firmaron un escrito en el que se pedía a España adoptar "las medidas necesarias para garantizar" que pueda "ejercer sus derechos políticos en cumplimiento del artículo 25 del Pacto" Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976).
Uno de los 18 expertos del Comité, José Manuel Santos Pais, indicó ayer que las decisiones de este organismo no son vinculantes y que un Estado puede decidir cumplirlas o ignorarlas, incluidas las peticiones de medidas cautelares, pero subrayó que todas las decisiones tomadas por el país serán tenidas en cuenta.
"Las medidas son un pedido del Comité y el Estado puede aceptarlas o no. Pero el Comité va a evaluar cómo el Estado ha respondido durante todo el procedimiento, incluso con respecto a las medidas cautelares".
En una carta dirigida al grupo parlamentario de JxCat, Puigdemont pidió ayer exigir al Estado que permita ahora la investidura de Sánchez, atendiendo a las "medidas" planteadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en defensa de sus "derechos políticos".