El Gobierno de Baleares, tanto por su acción como por su inacción, ha tenido un papel clave en la 'trama Koldo' y en la compra de unas mascarillas defectuosas que acabaron siendo retiradas. No obstante, al revisar los documentos y comprobar las fechas de cada acción emprendida, empiezan a destacar algunos momentos concretos.

Todo el proceso comenzó el 26 de abril de 2020, cuando el Gobierno de Baleares realiza la compra de las mascarillas por un importe de 3,7 millones de euros. Tan solo un día después, las mascarillas llegan a Palma de Mallorca para su distribución. Sin embargo, la adjudicación del contrato no llega hasta el 8 de mayo, dos semanas después de la compra, aunque en este caso se podría comprender dado el contexto de emergencia nacional.

Un mes después, el 8 de junio,el organismo estatal elabora un informe confirmando que las mascarillas compradas no son 'FFP2' y que eran de una calidad ínfima. Estas mascarillas compradas permitían una filtración del 41%, mientras que las 'FFP2' solo permitían un 6%. Además, en este momento el Gobierno de Armengol ya era consciente que había pagado 2,6 millones de euros de más.

Pese a ese conocimiento, el Gobierno de Armengol envió un informe dos meses después a la empresa protagonista de la 'trama Koldo', Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L, asegurando que el proceso de compra de mascarillas fue "todo satisfactorio y sin incidencias". La carta, firmada por Antonio Mascaró Crespí, subdirector de Compras y Logística del Servicio de Salud de las Islas Baleares, no alertó de ningún problema.

La primera incidencia llega casi dos años después de aquel informe, el 7 de julio de 2022, cuando la UCO (la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) requiere toda la documentación sobre el contrato realizado entre la empresa de la 'trama Koldo' y el Gobierno de las Islas Baleares.

El 19 de julio de 2022, el Gobierno de Armengol entrega toda la documentación, pero con la excepción de que en ninguno de los papeles aportados indican que las mascarillas recibidas eran de menor calidad de lo exigido.

Posteriormente, el 20 de marzo de 2023, el Gobierno de Francina Armengol hace el requerimiento a la empresa de la 'trama Koldo' para que devuelvan los 2,6 millones de euros de más que se pagaron. Concretamente, lo hicieron dos años y ocho meses después de tener conocimiento de que la compra se había realizado a un precio mucho mayor del habitual.

Según ha podido saber laSexta, esta tardanza ha sido argumentada por fuentes del Gobierno de Armengol porque se había intentado reclamar de manera "verbal y de buenas formas" y por ello no se había movido ningún papel al respecto.

La situación cambia el 7 de julio de 2023, cuando tras las elecciones, Marga Prohens (PP) toma posesión como presidenta del Govern. Poco después, el 24 de agosto, ya bajo la legislatura de Prohens, es cuando afirman que se inicia el proceso de reclamación de los 3,7 millones de euros.

Ya en enero de 2024, el juez del caso asegura ha caducado la posibilidad de reclamar los 2,6 millones pagados en exceso. Una afirmación que el gobierno balear de Prohens rebate que no ha caducado y que sí lo hará el próximo mes de abril, pese a las palabras del juez que lo que dice según la jurisprudencia del Supremo y por tanto no son reclamables.

Un proceso que todavía sigue, como ha confirmado Marga Prohens en una entrevista a Onda Cero, en el que han pedido personarse en el caso.