La admisión a trámite del recurso, noticia que ha adelantado la radio televisión pública vasca, EITB, fue acordada por la sala segunda del alto tribunal la última semana de noviembre, han confirmado las mismas fuentes.
Otegi cuenta con una inhabilitación para cargo público hasta el 28 de febrero de 2021, según ratificó en septiembre de 2017 el Tribunal Supremo (TS), decisión que fue recurrida y que ahora ha admitido a trámite el Constitucional. Según la sentencia del Supremo, Otegi no puede ser elegido en unos comicios hasta esa fecha.
Otegi fue condenado por la Audiencia a diez años de prisión por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna, una pena que el Supremo redujo a seis años y medio.
Aquella condena incluía también una pena de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo y para ejercer empleo o cargo público, que la Audiencia mantuvo.
El dirigente abertzale acudió ante el Supremo pidiendo que se considerase agotada su condena a inhabilitación porque iba asociada a la pena principal a cárcel, cumplida en marzo de 2016, cuando salió en libertad.
El TS rechazó sus argumentos por dos motivos: uno, que la condena a inhabilitación era ya firme, es decir, no podía ser recurrida ya, dado que Otegi no se opuso a ella a tiempo y la segunda radicaba en que sobre él recayeron dos condenas por inhabilitación, una primera accesoria a la pena de cárcel, pero otra segunda, que es la que sigue vigente, independiente de la condena principal.
A principios del pasado mes de noviembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España por no atender la recusación por parcialidad que presentaron Otegi y otros cuatro dirigentes de la izquierda abertzale en 2011 contra la jueza de la Audiencia Nacional Ángela Murillo.