El Tribunal Constitucional ha avalado casi la totalidad de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la ley mordaza, incluidas las devoluciones en caliente de inmigrantes y las sanciones por disturbios en las concentraciones conocidas como Rodea el Congreso.
Según informa el Tribunal de Garantías, el pleno ha aprobado la sentencia por mayoría de sus miembros, en la que, cinco años después, da repuesta a una de las normas más polémicas del Gobierno de Mariano Rajoy, que ha estado en el centro del debate político desde su aprobación en 2015 con varios intentos frustrados de derogación o modificación en las Cortes.
Tras varios meses abordando el asunto, el tribunal avala finalmente los rechazos de inmigrantes en frontera, las sanciones por infracción grave en los disturbios de protestas frente a las Cámaras legislativas, así como los "registros corporales externos" o cacheos que implican el desnudo integral.
Pero no avala el artículo que hablaba de las grabaciones "no autorizadas" a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de modo que declara la inconstitucionalidad del inciso "no autorizado" del artículo 36.23 de la ley, que prevé como infracción grave el uso sin ese visto bueno de imágenes o datos personales o profesionales de las autoridades o de dichos miembros.