El Gobierno argumentó, en un conflicto de competencias presentado ante el alto tribunal en enero de 2017, que la Constitución le permite vetar cualquier proposición legislativa que altere las previsiones de gastos o ingresos de los presupuestos.

La Mesa del Congreso no aceptó esos vetos y, según ha fallado por unanimidad el Constitucional ahora, lo hizo legítimamente. La sentencia de hoy se refiere en concreto al veto relativo a la LOMCE.