El Tribunal de Cuentas ha citado a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras el próximo 28 de enero para fijar la "liquidación provisional" de los "gastos y pagos" ocasionados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. También han sido llamados los exconsellers Neus Munté, Toni Comín, Clara Ponsatí, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Lluís Puig, Meritxell Serret y Santi Vila.
Según ha afirmado Societat Civil Catalana (SCC), que al igual que la Fiscalía presentó una denuncia contra los responsables de la consulta de 2017 para que devolvieran el dinero público que emplearon para su organización, el Tribunal de Cuentas requerirá a los citados para que paguen o avalen estos gastos y, en caso de no hacerlo, se procedería al embargo de sus bienes.
La cantidad reclamada no se ha especificado, pero podría ser muy superior a los más de dos millones de euros que se barajó en el procedimiento penal. Las entidades demandantes han pedido que se incluyan los gastos de desplazamiento de agentes de policía a Cataluña, la llamada operación Copérnico, por lo que la cantidad final podría llegar a los 60 millones de euros que deberían pagar de su bolsillo los líderes soberanistas.
El tribunal ha especificado que los citados pueden comparecer personalmente o "por medio de representante debidamente acreditado para la defensa de sus derechos o intereses". También han sido llamados los representantes legales de las sociedades Abogados Catalanes por la Constitución y Societat Civil Catalana, la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal.
En un comunicado, SCC ha considerado "absolutamente necesario que los líderes de este proyecto, que genera división y enfrentamiento y que está llevando a Cataluña a la ruina económica, paguen hasta el último céntimo de dinero público que han utilizado para ejecutarlo".