El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado estudiar la querella que interpuso Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, contra el juez que la investiga, Juan Carlos Peinado, por un presunto delito continuado de prevaricación y por presuntos delitos de revelación de actuaciones procesales declaradas secretos y/o de informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio y que no deban ser divulgados.

Es la tercera querella presentada contra Peinado que el TSJM desestima en el último mes: la primera fue la del periodista Máximo Pradera; y la segunda, la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los magistrados, en línea con el criterio de la Fiscalía, entienden que no se aprecia "el torticero alejamiento de la norma que alega la querellante". El tribunal no ve arbitrariedad en las resoluciones del juez y recalca que algunas ya fueron recurridas ante la Audiencia Provincial, de modo que "el procedimiento se ha reconducido en términos no lesivos" para Begoña Gómez. "En su mayor parte trata de resoluciones que, o no tienen efectos relevantes en la causa, o no aportan ningún contenido sustantivo a la investigación o, en fin, no han perturbado los derechos procesales de la querellada", algo esencial, subraya, para que exista esa presunta prevaricación.

En la querella, la defensa de Gómez aseguraba que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid habría trasladado a las acusaciones populares actuaciones procesales declaradas secretas y ello habría propiciado que fuesen publicadas por diferentes medios de comunicación.

A su juicio, dicha actuación le había perjudicado gravemente, puesto que se habrían divulgado informaciones y actuaciones declaradas secretas mientras ella desconocía todos los extremos de la investigación, causándole indefensión. "Pese a ser la causa secreta era transmitida en directo por los medios de comunicación", señalaba su abogado, Antonio Camacho.

La esposa del presidente del Gobierno también apuntaba que el juez Peinado había adoptado decisiones judiciales "arbitrarias y manifiestamente injustas" mediante la emisión de resoluciones judiciales o adopción de decisiones comunicadas de forma verbal.

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