El Supremo aborda hoy en plena precampaña la probable exhumación de Francisco Franco con la duda puesta en la reinhumación de los restos, ya sea en el cementerio de El Pardo Mingorrubio, como quiere el Gobierno, o en la cripta de la catedral de la Almudena, que es el deseo de la familia.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo resolverá definitivamente esta cuestión a partir de las 10.00 horas cuando dé comienzo la deliberación y fallo del recurso de los nietos del dictador contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de marzo que fijaba para el 10 de junio la exhumación, paralizada por la Sala hasta que hubiera sentencia.
La decisión coincide con la disolución de las Cortes
Se da la circunstancia de que la decisión sobre una de las grandespromesas de la legislatura de Pedro Sánchezcoincide el mismo día con la disolución de las Cortes y el decreto de convocatoria de elecciones, es decir, que el impacto del fallo que tomen los magistrados sobre el futuro de los restos de Franco caerá de lleno en la precampaña para las elecciones del 10 de noviembre.
Fuentes jurídicas consultadas explican que el tribunal evaluará primero la exhumación, una cuestión que genera pocas dudas entre los magistrados y que previsiblemente avalará la Sala. Otra cosa distinta es el destino de los restos mortales del dictador, dado que no existen precedentes de reinhumación que ilustren a la Sala y, por tanto, afronta un debate jurídico que se antoja "largo y muy complejo", más aun cuando los magistrados no se han reunido previamente para compartir ideas o plantear escenarios.
El Ejecutivo quiere que los restos se reinhumen en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio y alude a motivos de seguridad para oponerse al deseo de los nietos del dictador de hacerlo en la cripta de la catedral de la Almudena, donde su hija, Carmen Franco, compró en 1987 una sepultura a perpetuidad con espacio para varios cuerpos.
Estrasburgo dictaminó que la familia tiene derecho a ser escuchada pero el interrogante que se abre es si tiene también derecho a decidir por encima del Gobierno, que puede invocar razones de interés público y es ahí donde puede entrar la "seguridad" a la que alude el Ejecutivo.
Normalmente, en asuntos de derecho mortuorio suelen primar los criterios de salud pública, pero aquí no es el caso, sino que el Ejecutivo acusa a los Franco de ignorar los riesgos de seguridad que entrañaría el enterramiento en la cripta de la Almudena.
La familia alega riesgo de profanación
La familia presentó una pericial en la que alertaba de que los riesgos de profanación y de actos vandálicos "se dispararían" si fuese enterrado en El Pardo, porque "siempre sería una pareja" de agentes la que tendría que frenar el ataque, mientras que enla Almudena la Policía tendría recursos sobrados para frenar a radicales al ser una zona reducida que controlarían "perfectamente".
Pero la Abogacía del Estado reprocha a la familia que no haya tenido en cuenta en ese informe los riesgos de enfrentamientos entre grupos extremistas o que haya olvidado, por ejemplo, el intento de atentado en 2013 en la Almudena por un grupo de anarquistas.
De entre todas las aristas del caso, el principal obstáculo que enfrentan los magistrados es que la amplia jurisprudencia en materia de exhumaciones contrasta con la inexistencia de precedentes en casos de reinhumaciones "de la que no hay nada", precisan las fuentes, y "eso hace que el asunto sea jurídicamente muy complejo".
De hecho, esa unanimidad a la que apunta la decisión sobre la exhumación se antoja difícil en esta segunda cuestión ante la posibilidad de que se planteen votos discrepantes a la sentencia.
Podría no haber acuerdo en el Supremo
El problema es que la posibilidad de no alcanzar un acuerdo técnicamente existe porque se puede dar el caso de un "empate" dado que la sala la componen seis magistrados y el voto del presidente no vale doble, en tal caso sería una sala de discordia la que resolvería el procedimiento de acuerdo a los artículos 262 y 263 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Con todo, las fuentes apuntan a que las posiciones no están tan encontradas como para no alcanzar un acuerdo. El ponente será el magistrado Pablo Lucas. Y aunque desde el Supremo son conscientes de la trascendencia mediática de la cuestión a tratar, hacen hincapié en que las deliberaciones se abordarán desde "estrictos criterios jurídicos", al margen de los vaivenes políticos que siempre han rondado este caso pero todavía más en precampaña electoral.
Eso sí, los magistrados solo se pronunciarán sobre el recurso de los nietos de Franco, pero no respecto de los planteados por la comunidad benedictina del Valle, la Fundación Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, que dejarán para más adelante y cuyo desenlace estará marcado por lo que acontezca el próximo martes.