El grupo parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común ha presentado este lunes dos escritos al Tribunal Constitucional (TC) a raiz del recurso presentado por el Partido Popular para paralizar la reforma que permite el desbloqueo del propio Tribunal.
En el primero, solicita que el TC eleve al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea la vulneración del principio de imparcialidad en el que incurren los magistrados Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez y se pronuncie sobre su deber de abstenerse -sin esperar a que se les recuse- y si de inclumplirse este deber de abstención, sitúa al procedimiento afectado en un cauce de nulidad de las actuaciones.
"Resulta del todo incuestionable que quien tiene su mandato caducado es afectado directo por la norma cuya tramitación han impugnado los recurrentes y ello es así por el simple hecho que de promulgarse dicha reforma legal dejarán de ser miembros del Tribunal Constitucional y, por tanto, perderán su actual posición, emolumentos y prerrogativas así como el poder de decidir en el sentido que consideren o al que se hayan comprometido", explica el texto.
En el segundo escrito presentado, Unidas Podemos recuerda al TC que se encuentra pendiente una resolución de reconsideración a la Mesa del Congreso, lo que supone que el recurso de amparo presentado por el Partido Popular es claramente prematuro por no haber agotado la vía previa parlamentaria, lo que conlleva que debe ser inadmitido de plano.
En el escrito, el grupo confederal insiste además en la evidente afectación del derecho a la participación política que conllevaría la suspensión jurisdiccional de una iniciativa parlamentaria y recuerda que el recurso inicial del PP hacía referencia a la necesidad de la petición cautelarísima por la votación en el Congreso, la cual ya ha tenido lugar, lo que hace perder el objeto de dicha petición que debe ser inadmitida.
También recuerdan que en 2007 dos magistrados se abstuvieron de debatir y votar un recurso sobre la reforma de la LOTC, un supuesto muy similar al actual.
El principio de imparcialidad, bajo lupa
La formación morada ha puesto de relieve en este sentido que la principal cuestión de prejudicialidad radica en conocer si "la abstención que se preceptúa en la norma nacional (artículo 217 LOPJ) para jueces y magistrados cuando concurra alguna causa de abstención, legalmente establecida, ha de ser de carácter automático o no". Entre otras razones, agrega, "para no entrar en conflicto con las previsiones establecidas en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea".
Por tanto, Podemos ha subrayado que todo esto afecta directamente a los citados magistrados y "a la vulneración del principio de imparcialidad que Unidas Podemos considera que pueden cometer".
La semana pasada ya solicitaron que ambos fueran apartados. El escrito registrado lo firman Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario; Txema Guijarro, como secretario general, así como Pablo Echenique y Enrique Santiago en su calidad de portavoces del citado grupo.
Unidas Podemos busca también con esta actuación judicial que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, deje "meridianamente claro" cómo debe aplicarse la abstención de magistrados en concreto en el Constitucional "que es el último órgano decisorio en vía interna de un Estado miembro" o si esa abstención "es un deber de carácter absoluto y automático cuando concurran las circunstancias legalmente previstas en el ordenamiento interno".
Así, el Pleno del TC tiene encima de la mesa los recursos de amparo del PP y Vox, que piden la suspensión cautelarísima de la tramitación de la ley que renueva ya el propio tribunal, los escritos de personación de PSOE y UP, sus peticiones de recusación a los magistrados Pedro González Trevijano y Antonio Narváez y la petición de UP para presentar una cuestión prejudicial al TJUE sobre la idenoeidad de los dos magistrados.
Día clave en el Constitucional
El Constitucional resuelve hoy si frena la tramitación parlamentaria de la reforma legal impulsada por la coalición de Gobierno para renovar a los magistrados de ese tribunal con mandato caducado, decisión que pospuso el jueves y que puede abrir una crisis institucional.
La votación de las dos enmiendas presentadas por PSOE y Unidas Podemos para modificar las leyes orgánicas del CGPJ y del TC para desbloquear la renovación de este último (presentadas a la proposición de ley que deroga la sedición y reforma el delito de malversación) pudo celebrarse el jueves en el Congreso ante el aplazamiento del pleno del TC.
El jueves se sorteó el choque con el Congreso, pero esta semana la iniciativa, recurrida por el PP, se tramita en el Senado. PSOE y Unidas Podemos incluyeron la reforma de las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional en la proposición de ley impulsada para derogar la sedición y rebajar las penas por malversación y los populares recurrieron al tribunal de garantías, al que pidió adoptar medidas cautelarísimas para frenar esos cambios de última hora.
El pasado viernes el Grupo Parlamentario Popular (GPP) en el Congreso registró ante el Tribunal Constitucional una ampliación de su recurso de amparo por la tramitación de la citada proposición de ley del PSOE y Podemos.
El PSOE considera, en sus escritos de alegaciones presentados ante el Tribunal Constitucional, que en el caso de acceder a las medidas cautelares pedidas por el PP y Vox, "se perturba el funcionamiento de las Cortes Generales y se violenta los derechos de los parlamentarios garantizados por el artículo 23 de la Constitución".