Pese a las dudas suscitadas en las últimas horas, la vicepresidenta del Gobierno se ha reafirmado en el acuerdo alcanzado con el Vaticano. "Trabajaremos de forma conjunta, tanto la iglesia como el Gobierno de España, para que los restos de Franco no se inhumen en la catedral de la Almudena", ha apuntado Carmen Calvo.
Responde así la dirigente socialista al comunicado emitido por la Santa Sede, en el que a la vez que asegura que "en ningún momento se pronunció sobre el lugar de la inhumación", también reconoce que la vicepresidenta transmitió su preocupación porque el dictador acabara en la Almudena, por lo que buscarían una solución dialogada con la familia.
"Al Cardenal Secretario de Estado le pareció oportuna esta solución", reza el escrito del Vaticano. Una respuesta que para la Iglesia española es suficiente. "Roma locuta, causa finita", se ha limitado a decir el vicesecretario económico de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, lo que viene a decir que, si Roma habla, acaba el caso.
Mientras tanto, los descendientes del dictador insisten en que no aceptarán otro emplazamiento. Incluso, afirman que están dispuestos a trasladar los restos de su mujer, que ahora reposan en El Pardo, a la cripta que poseen en la Almudena. Ante estas declaraciones, Calvo ha destacado: "La Almudena no es de titularidad privada, pertenece a la iglesia católica y el Estado debe garantizar en todo el territorio español que no se enaltece a Franco".
Postura que cuenta con el apoyo de su principal socio de Gobierno. Desde Podemos han exigido que se cumpla la ley. Así se ha expresado, al menos, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre: "En democracia tiene que cumplirse la Ley de la Memoria Histórica". Ley de Memoria Histórica que está pendiente de ser reformada para incluir como delito la apología del franquismo.