La Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha responsabilizado al juez de la puesta en libertad del conocido como 'violador del portal' al que le fue rebajada la condena de seis a cuatro años de cárcel por la aplicación de la Ley del 'solo si es si' tras ser condenado por la Audiencia de Lugo en 2020 a seis años y medio de prisión por una agresión sexual y otra en grado de tentativa.
"La responsabilidad de esta revisión es del órgano judicial que pudiendo no haber revisado, porque concurren todas las agravantes que ahora mismo agravarían la pena, están yendo a mínimas con una clara voluntariedad de choque de esta ley con el viejo sistema", ha asegurado Rosell en una entrevista en TVE en la que le han preguntado que le diría a la víctima de este agresor sexual que, según ha adelantado La Razón, quedaría este martes en libertad.
Ha insistido en responsabilizar a los órganos judiciales de estas revisiones de condenas. "La responsabilidad del Gobierno es hacer buenas leyes, pero la responsabilidad de la revisión de sentencias son decisiones judiciales que el gobierno tiene que aceptar y respetar, aunque no las comparta", ha indicado.
A su juicio, el Ejecutivo "no puede asumir responsabilidades de un poder que se reclama independiente y que en solo una mínima parte está realizando estas revisiones a la mínima que están dejando al descubierto sentencias que, por delitos muy graves, dejaban a las víctimas muy desprotegidas".
Frente a estas situaciones ha defendido la Ley del 'solo sí es sí' y ha asegurado "de cara al futuro no le va a pasar a nadie más, porque las penas están muchísimo mejor descritas y son mucho más protectora y sobre todo, que, no es una ley penal, es una ley integral". Y se ha dirigido a la víctima del 'violador del portal' al asegurar que la Ley del sólo sí es sí, garantiza a las víctimas "lo que le habrá faltado en este camino: acompañamiento, asistencia psicológica, asistencia jurídica que cambia es lo que cambia la vida de las mujeres".
Sobre la adopción de medidas de protección para la víctima del 'violador del portal', ha explicado que "la obligación" del Gobierno "es dar un plus de seguridad a la víctima si pide dispositivo y el juzgado o el tribunal lo aceptan". En este sentido, ha intentado tranquilizar a la víctima y ha asegurado que "una orden de alejamiento que solo figura en el papel puede fallar", pero "nunca ha fallado un dispositivo telemático que depende de la Delegación de Gobierno; ninguna mujer ha sido asesinada portando el dispositivo que alerta de todas las entradas o zonas de exclusión del móvil del agresor".
Rosell ha recordado que el Gobierno ha acordado poner pulseras de seguimiento en el caso de aquellas víctimas que lo soliciten y sea autorizado por los tribunales cuyos agresores sexuales hayan salido en libertad por la rebaja de penas y tengan órdenes de alejamiento.
"Lo que se ha acordado es que a las víctimas que se les crea esta inseguridad por las decisiones judiciales imprevistas y muchas de ellas sorpresivas de rebajarle la condena a algunos violadores, si lo piden y el tribunal lo acuerda, se les instalará estos dispositivos, que velarán por la geolocalización del agresor y de ella siempre que tengan medida de alejamientos", ha añadido Rosell.