Ya hay respuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a una ley de amnistía que todavía no existe. En un pleno extraordinario que se ha celebrado sin la asistencia del vocal Álvaro Cuesta, que el domingo ya anunció que no acudiría a un pleno que consideraba "ilegal", el CGPJ asegura que la ley de amnistía supone la "degradación, cuando no la abolición, del Estado de derecho" que creará "una clase política jurídicamente irresponsable e impune".
La votación ha salido adelante con nueve votos a favor, cinco en contra y el voto en blanco de Vicente Guilarte, presidente en funciones, que redactará una explicación de voto en el que evidenciará que no está de acuerdo con la iniciativa legislativa pero considera conveniente esperar a la tramitación de la proposición.
El texto defiende que "la concesión de una amnistía en nuestro actual sistema constitucional constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales y del propio sistema de división de poderes en que se inspira nuestra Constitución y sobre el que se asienta el Estado de derecho".
"Este órgano constitucional no puede permanecer en silencio ante una iniciativa como la referida, por las graves consecuencias que tiene en la misma configuración del Poder Judicial que se hace en la Constitución, fuente de legitimidad de todos los poderes del Estado que condiciona el ejercicio de sus potestades".
Para el CGPJ, esta ley de amnistía "violenta la independencia de los tribunales en su aspecto más básico", detallando: "Si la independencia es el instrumento necesario para que los tribunales puedan actuar con neutralidad y garantizar, mediante la efectividad de sus decisiones, el principio de seguridad jurídica, mal puede hablarse de independencia ni de seguridad jurídica cuando unas fuerzas políticas utilizan las leyes en su beneficio para impedir la acción de los tribunales".
"El riesgo de que llegue el momento en el que la Unión Europea decida no ser la coartada de un Estado que no cumple con sus principios debiera estar muy presente, en este momento crítico, en la previsión de quienes pretendan realmente actuar en el 'interés de España'", zanja este texto.
Cargan contra Pedro Sánchez
El texto señala directamente a Pedro Sánchez, al que cuestiona que "confunda el 'interés de España'" con su "interés para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya".
"Hacerlo exceptuando la aplicación de la ley para impedir la acción en curso de los tribunales o dejar sin efecto la que ya se hubiese producido mediante sentencias firmes, convirtiendo en papel mojado esas sentencias, es algo rotundamente incompatible con el principio de Estado de derecho en el que, nuevamente según el artículo 1 de nuestra Constitución, se quiso constituir España y efectivamente se constituyó... al menos hasta ahora", critican.