'Libertad' ha sido la demanda más repetida por los partidos de la oposición en la manifestación convocada en la práctica totalidad del territorio nacional, excepto en Euskadi, contra la LOMLOE, la reforma educativa conocida como la 'Ley Celaá'.
En Madrid, Pablo Casado ha participado junto a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, donde los tres han trasladado a los medios su negativa a esta ley. El líder de los populares ha pedido tres cosas a Sánchez: "Libertad, calidad y vertebración".
"¿Qué más le tienen que decir a Pedro Sánchez para que escuche a la calle, a los tribunales y a Europa?", se ha preguntado Casado, que ha añadido: "Una cosa es tener un vicepresidente cabezón y otra cosa un Gobierno descabezado". Ayuso, por su parte, ha criticado que esta reforma haya salido adelante "sin ningún tipo de consenso", añadiendo que "no resuelve ningún problema de los estudiantes".
Almeida cuestiona que el Gobierno "vaya en la dirección opuesta" de lo que "piden los ciudadanos". Además, ha mandado un mensaje al presidente del Gobierno, aseverando que Pablo Casado "será presidente del Gobierno antes de lo que Sánchez piensa".
Por la parte de Ciudadanos, el portavoz adjunto de la formación naranja, Edmundo Bal, ha pedido al Ejecutivo que aproveche el pleno del Senado de la próxima semana para volver a introducir el castellano como lengua vehicular en la reforma educativa.
Bal, junto al jefe de la oposición en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha estado en la manifestación de vehículos que se ha desarrollado simultáneamente en Barcelona y en Tarragona. El portavoz adjunto de Cs ha señalado que esta ley supone "un acto impositivo" y de "cercenamiento del derecho de los padres a que puedan elegir la lengua materna de sus hijos" con el castellano como vehicular junto con el catalán.
"Se pasó el rodillo por parte de la mesa a través del PSOE y de Unidas Podemos para que ni tan siquiera los afectados por la ley pudieran expresar su opinión y su parecer en la comisión", ha apuntado Bal, que ha añadido que este hecho supuso "cercenar" los "derechos de participación política".
Vox pide la ampliación de los conciertos educativos "para garantizar justicia y libertad", destacando que su compromiso con "las familias afectadas por los recortes en la libertad educativa" es "inquebrantable".
Celaá defiende la ley
La ministra de educación, Isabel Celaá, responde a los ataques de la oposición: "Ni les importa la concertada, ni les importa la lengua". Asegura que están "prostituyendo el verdadero sentido de la libertad".
Sobre la ley dice que es necesaria y urgente: "Lo que viene a hacer es deshacerse de abusos y desequilibros que se habían ido amontonando durante los siete años". Si finalmente sale adelante, será la octava ley en los últimos 50 años.