Vox ha registrado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados con la que busca crear estrictas medidas de protección para los delatores de actos de corrupción, entre las que incluye una compensación económica por denunciar y que estarían coordinadas por un organismo independiente.
Plantean la constitución de una "Autoridad Independiente de Protección de los Denunciantes de Corrupción" presidida por un candidato propuesto por organizaciones sociales "de ámbito nacional que trabajen ya contra el fraude y la corrupción", o por un grupo parlamentario.
Bajo esa condición, Vox incluye en el documento legislativo su preferencia de que sea la juez Mercedes Alaya, quien hasta 2015 estuvo al frente del juicio de los ERE en Andalucía, la persona que presida ese organismo.
La iniciativa también busca "incentivar la acción de denuncia" otorgando a los delatores una compensación económica equivalente al 10% de la cuantía "recuperada del importe total en que se cifre el perjuicio" del acusado.
Estas sanciones ascenderían a cuantías comprendidas entre 200 y 400.000 euros, en función de la gravedad de la denuncia.
Dentro del mismo paquete de medidas, el grupo que preside Santiago Abascal propone que las mismas normativas dirigidas a proteger a los delatores se apliquen a sus cónyuges, sus ascendientes, descendientes o hermanos si "concurren circunstancias que puedan suponer un peligro grave" para su libertad o bienes.